Se derogarán varios artículos de la LOMCE.
Isabel Celaá, ministra de Educación, compareció ayer a petición propia ante la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados. En ella, adelantó que el Gobierno derogará de forma “urgente” varios artículos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, que aprobó el Partido Popular, así como que la asignatura de religión no computará a “efectos académicos”.
La también portavoz del Ejecutivo confirmó que el Gabineta de Pedro Sánchez tiene intención de revertir el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Esta norma prevé la elevación de las ratios de alumnos por aula hasta un 20%, el aumento de la jornada lectiva del personal docente hasta 25 horas en Educación Infantil y 20 horas en el resto de las enseñanzas y el incremento del plazo de sustitución de profesores hasta los diez días.
Educación pública y concertada
En la comparecencia, Celaá ha pedido colaboración a todos los grupos parlamentarios porque “nadie tiene la solución completa, y más en la educación. El Gobierno no las tiene todas, pero entre todos y todas podemos reunirlas”. Así, defendió la escuela pública como “eje vertebrador del sistema” y avanzó que se derogará el artículo 109.2 de la LOMCE, “un eufemismo”, a juicio de la ministra, que ha dicho que “puede propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada” al permitir que la programación de oferta de plazas escolares se establezca por “demanda social”.
Como consecuencia de esto, algunos casos de la escuela concertada han tenido preeminencia sobre la pública, señaló, sobre todo en los nuevos desarrollos urbanísticos. “La concertada será complementaria en las necesidades de escolarización”, matizó. Asimismo, se abrirá un “tiempo de diálogo” con los centros concertados de educación diferenciada, los que separan físicamente a los niños en función del sexo, contradiciendo “los principios generales de la educación inclusiva y la coeducación”. Con ese diálogo se intentará alcanzar un acuerdo sobre un modelo educativo “igualitario” en estos centros de enseñanza.
Recuperación de los Programas de Diversificación Curricular
Igualmente, Celaá anunció la derogación de los itinerarios “segregadores” que, a partir de los 13 años establece la LOMCE y que “condicionan”, a su juicio, “las opciones y el futuro del alumnado según su rendimiento”. Se eliminarán las revalidas y se recuperarán los Programas de Diversificación Curricular con el fin de apoyar a los alumnos con más dificultades de rendimiento. Su intención, también, es recuperar la “participación de la comunidad educativa” en los Consejos Escolares y su “papel decisorio” en los centros educativos después de la reforma de los artículos 122, 127 y 135 de la LOMCE. También se modificará la forma de elección de los directores de los centros públicos y confirmó que la asignatura de religión dejará de computar para la nota media.
En este último sentido, se creará la asignatura de valores éticos y cívicos que se centrará en los “derechos humanos” y en las “virtudes cívico-democráticas”, a semejanza de lo que existe en otros países europeos. Para la ministra, la Educación Infantil es “prioridad” del Gobierno. “Para conseguir un sistema equitativo debemos comenzar como los equipos de fútbol, asegurando un buen arranque de juego desde atrás”. Así, anticipó el Programa de Cooperación Territorial con las comunidades autónomas con el objetivo de hacer más accesible la primera etapa educativa a las familias con las rentas más bajas.
Becas y ayudas al estudio
Respecto a las ayudas, la portavoz del Ejecutivo, avanzó que convocará el Observatorio de Becas y Ayudas al Estudio, en el que participan representantes de la comunidad educativa, de forma que se revise el modelo de becas y se haga “más justo y equitativo”. Finalmente, en su intervención se refirió a la Formación Profesional, “motor del cambio de modelo productivo”, mostrando la intención del Gabinete de Pedro Sánchez de “modernizar” la FP con la participación de agentes sociales, empresarios y sindicatos, y la promulgación de una ley de formación profesional.