Se trata de evitar que la tipificación dependa de la interpretación de los jueces.
En su comparecencia ayer en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Carmen Calvo, vicepresidente del Gobierno y ministra de Igualdad, propuso reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de forma que se garantice que los tipos penales de la agresión sexual no dependan de la interpretación de los jueces. De este modo prevalece la máxima de que “si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no”.
Esta reforma se aproximaría, así, a la recientemente aprobada por el Parlamento sueco por el que cualquier acto sexual sin consentimiento expreso es considerado violación. En otros países como Reino Unido, Bélgica, Islandia y Alemania es parecido. “Ahí -solo sí es un sí– es donde está preservada su autonomía, su libertad y el respeto a su persona y a su sexualidad”, ha señalado la vicepresidente.
Juristas femeninas expertas en violencia de género
Calvo destacó que es necesario mejorar “algunas circunstancias” de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para lo que se llevará a cabo una “revisión solvente”, incorporando a un grupo de juristas femeninas “avezadas en violencia de género”. Después de la polémica generada por la sentencia de La Manada “no podemos volver a pasar por ningún espacio donde, a través de la interpretación, se entienda que lo que es un gravísimo delito contra las mujeres, no se considere como tal”, manifestó la ministra de Igualdad.
Calvo ha adelantado que el Gobierno está planteándose cómo acompañar mejor a las mujeres que son víctimas, en sus defensas, ante unas situaciones complicadas a las que se enfrentan desde el momento en que suceden los hechos hasta que tienen una sentencia justa. Además, avanzó que habrá “un esfuerzo presupuestario mayor” para luchar contra la violencia machista. En septiembre de 2017 el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con 211 medidas y 200 millones de euros anuales en la lucha contra la violencia machista y para evitar los asesinatos.
Asimismo, la vicepresidente recordó a las 21 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas que pidieron ayuda y tuvieron “una protección que ha fallado” y anunció que a partir de ahora se contabilizarán a las víctimas desde que existen estadísticas. Desde 2003 han sido 945 las asesinadas. Además, se ha encargado a la Real Academia Española de la Lengua un informe para que recomiende los cambios necesarios en la Constitución para que ésta contenga un lenguaje “inclusivo” que contemple también a las mujeres.