La desclasificación de la información secreta será para conocimiento de Diego de Egea, juez de la operación Tándem, que envió a prisión a Villarejo.
Tras el Consejo de Ministros de ayer, el Gobierno ha informado que en la próxima reunión de este órgano, se levantará el secreto acerca de la operación Kitchen, que se abrió cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior con el objetivo de intervenir la documentación de Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, por petición de Diego de Egea, juez de la Audiencia Nacional.
Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, ha sido la encargada de realizar este anuncio en la rueda de prensa convocada tras el Consejo de Ministros: “Sí hemos recibido de parte del Consejo General del Poder Judicial la petición de levantamiento de documentos reservados a secreto para que se siga instruyendo el procedimiento abierto en el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, y lo haremos seguramente la semana que viene en el Consejo de Ministros”.
Desde Moncloa han puntualizado algunas fuentes que la desclasificación de ese material secreto será únicamente para el conocimiento de Diego de Egea, juez de refuerzo, instructor además de la operación Tándem, por la que el ex comisario José Manuel Villarejo fue enviado a prisión, al que se considera urdidor de la operación en la que se captó al chófer de Bárcenas con el objetivo de intervenir documentación sensible para el Partido Popular.
El juez solicitó al Gobierno que levantara el velo que cae sobre el operativo de 2013 con el fin de que cualquier persona que posea información sobre él adquiera la condición de investigado o testigo, y pueda facilitar el juzgado.
El ex comisario José Manuel Villarejo y el comisario Enrique García Castaño, su socio, ambos investigados por la Audiencia Nacional, habrían estado implicados en el operativo. Ellos mismos se encargaron de convertir en confidente de la Policía a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, y, a cambio de la información que éste les facilitaban, ellos le abonaban 2.000 euros al mes que sustraían de los fondos reservados.
El hecho de que un Gobierno desclasifique documentos secretos a instancias de un juez, no sería la primera que haya sucedido. También ocurrió con los informes del CNI acerca de los ataques terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, o cuando el siniestro del helicóptero Cougar en Afganistán en 2005 donde fallecieron 17 militares.
De todos modos, esta diligencia pedida por el juez De Egea está desvinculada de las peticiones que ha elevado uno de los investigados, Enrique García Castaño, que le ha solicitado al instructor que curse la solicitud al Consejo de Ministros para tener la posibilidad de declarar con libertad acerca de secretos oficiales.
Esta petición de García Castaño se ha dado en dos ocasiones acerca de cuestiones que forman parte en la investigación Tándem y que guardan relación con los clientes de Villarejo. Volvió a solicitarlo una vez salió a la luz la operación Kitchen. El juez solicita la desclasificación de todo el operativo, no pide individualmente permiso para él.
El 12 de diciembre declararán, en calidad de testigos, Bárcenas y Rosalía Iglesias, su esposa; ambos citados por el juez De Egea en el marco de la investigación de la Kitchen, pieza número 7 del Caso Tándem.
Independientemente de esta petición, José de la Mata, también juez de la Audiencia Nacional, ha mostrado interés por este operativo, puesto que investiga la existencia de una caja B en el PP y los documentos que en aquel despliegue policial se le podrían haber sustraído al ex tesorero y que tendrían interés para su causa.
El 16 de noviembre, De la Mata comunicó que había librado auto con el fin de requerir que la Secretaría de Estado de Seguridad le enviase con “máxima urgencia” toda la información posible de aquel operativo, incluso la relación de personas implicadas y los documentos que se pudieran haber intervenido fruto del despliegue policial, puesto que no le consta la existencia de ningún informe sobre ello en la Audiencia Nacional.
En este asunto es clave esclarecer si el despliegue del operativo policial pudiese obedecer a fines que estuviesen fuera de la legalidad, puesto que aunque puede ser legítimo hacer operaciones con cargo a los fondos reservados y a trabajar con confidentes, existe la circunstancia de que no hay detalles de aquel despliegue que llegasen a un juzgado de instrucción por lo que existe recelo por parte de los investigadores, han informado algunas fuentes consultadas por Europa Press.
Han sido citados por el Congreso de los Diputados Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior, el ex chofer de Bárcenas, e Ignacio Cosidó, hoy senador, pero que fue director de la Policía en la anterior legislatura. Todo ello para el mes de diciembre.