“No constituye objeto idóneo para la impugnación por la vía prevista en el artículo 161.2 de la Constitución” al no tener valor jurídico.
La reprobación del Rey por parte del Parlament se trata de una simple resolución declarativa sin valor jurídico, ha resuelto el Consejo de Estado el pasado jueves después de una larga reunión. En consecuencia, aunque critica la iniciativa parlamentaria catalana, por parte de los independentista y promovida por En Comú Podem, “no constituye objeto idóneo para su impugnación por la vía prevista en el artículo 161.2 de la Constitución”.
No obstante, y pese a la opinión del Consejo, el Gobierno seguirá adelante con el recurso ante el Tribunal Constitucional. Ya entonces, cuando el Gabinete tomó la decisión en Consejo de Ministros, algunos creían que el Consejo de Estado podría no estar de acuerdo. Para contradecir el criterio de éste, el Ejecutivo argumenta que “el Gobierno entiende que la resolución del 11 de octubre de 2018 es inconstitucional pues supone un intento, como otros anteriores, del Parlament de Catalunya de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república, lo que vulnera claramente la Constitución y contraviene la última doctrina emanada por el Tribunal Constitucional”.
Mientras que el Consejo no ve en la reprobación un intento de poner de nuevo en marcha el procés, el Ejecutivo sí lo entiende así. Hasta el momento, el Gabinete solo esgrimía el argumento de que la Cámara catalana no tiene competencias para reprobar al Rey ni para pedir un cambio en el modelo de Estado. Ahora pasa al ataque y lanza la acusación de que el Parlament quiere volver a reiniciar el procés, lo que no encaja con el discurso de que la situación está mucho mejor que hace un año.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer, Isabel Celaá, portavoz del Gobierno, tan solo leyó el texto redactado con este argumento jurídico cada vez que se le preguntaba acerca del asunto.
Es más, abunda en el de las competencias: “Tampoco entendemos que sea admisible, ni desde el punto de vista político ni jurídico, el intento de abolición de la monarquía y un ataque injustificado a la figura del Rey, que supone una extralimitación de las funciones de la Cámara autonómica catalana”.
Días antes de solicitarse el informe al Consejo de Estado, Carmen Calvo, vicepresidente del Ejecutivo, admitía que el recurso de inconstitucionalidad no tenía “ningún sentido desde el punto de vista jurídico”, pero que era necesario dar una “respuesta política”. “Un parlamento autonómico no puede intentar trazar la forma de Estado de este país”, dijo entonces.
Fue cuando el Gobierno calificó la reprobación como “políticamente inaceptable” y como consecuencia de la “deriva” de los grupos independentistas, que había sido “inexplicablemente” respaldada por otro grupo, que fue, en realidad, quien la promovió, “en su irresponsabilidad de utilizar las instituciones catalanas para alentar el conflicto y no para servir a los intereses generales de todos los catalanes”.
Respetar la «forma política del Estado», obligación del Gobierno, no está reñido con el ADN del Partido Socialista que es REPUBLICANO.
Francisco, no estoy de acuerdo con tu comentario. El ADN Republicano lo llevan los socialistas veteranos y los que han vivido una guerra civil. En el PSOE hay muchos, muchos militantes socialistas que son socialdemócratas y que no son Republicanos.
Es políticamente inadmisible que el Parlament haya aprobado abolir la Monarquía reprobando al Rey porque esto da lugar a que se inicie un nuevo procés que conduciría a otra proclamación de una hipotética República Catalana, que es lo que quieren los separatistas. A pesar de que el Consejo del Estado informa que la reprobación del Rey no tiene ninguna validez jurídica, los separatistas no lo entienden así y seguirán con su erre que erre para otra proclamación de Independencia de Cataluña.
Aplaudo al Gobierno por impugnar el informe del Consejo de Estado. Hay que pararle los pies a estos impresentables Independentistas y que no se salgan con la suya, ya que quieren saltarse las leyes y la Constitución, les importa muy poco el bienestar de todos los Catalanes sean separatistas o constitucionalistas.¡ Ya está bien, llevamos un año comentando los desvaríos, la demencia, los chantajes de Torra y su séquito!