No se incluyen medidas para regular los precios.
El Consejo de Ministros de ayer aprobó el Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquileres por el cual se crea un índice estatal de referencia sobre el alquiler de vivienda, se vinculan las subidas al IPC y se permiten las bonificaciones, en especial en el Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI. Sin embargo, no hay ninguna medida que regule los precios, como reclamaba Podemos, para lo cual sería necesario reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Carmen Calvo, vicepresidente del Gobierno, ha indicado que las bonificaciones se extienden a las políticas tributarias locales y tienen por objetivo promocionar a quienes alquilan las viviendas, de forma que se disponga de suficiente oferta en alquiler, en especial, la destinada a gente joven. Así, se fijan medidas fiscales que estimulen la oferta, tales como habilitar el gravamen en el IBI de la vivienda vacía, bonificar en el IBI la vivienda protegida en alquiler o suprimir el Impuesto de Transmisiones en los alquileres de vivienda habitual.
Asimismo, en el plazo de ocho meses el Ejecutivo pretende crear el índice estatal de referencia del precio de alquiler de vivienda y se fija un derecho de adquisición preferente, tanteo y retracto, por parte de las administraciones públicas para los casos de venta conjunta de un inmueble con arrendamiento.
Otra medida, que ya se conocía, es la prórroga obligatoria de 3 a 5 años, 7 si el arrendador es persona jurídica, y se amplía la prórroga tácita de 1 a 3 años, así como que se establecen 2 meses como plazo para el arrendatario y 4 meses para el arrendador en el preaviso para no renovar el contrato. Con estos extremos se pretende dar mayor seguridad y certidumbre al inquilino.
todos los contratos, aunque no estén inscritos en el registro de la propiedad, eran válidos. También se estimula el acuerdo entre las partes para llevar a cabo mejoras durante la vigencia del contrato, permitiendo, de este modo, el aumento de la renta durante el resto de éste.
se trata con especial cuidado a los grupos más vulnerables, en especial los que están en situación de desahucio. Se mejora la coordinación con los servicios sociales, se establece la obligatoriedad de fijar el día y la hora del desahucio, limitándose las garantías adicionales a dis meses, así como al IPC, la actualización de la renta. Incluso, se blinda la subrogación en caso de fallecimiento del inquilino en favor de colectivos vulnerables, menores, discapacitados o mayores de 65 años.
Por otro lado, se mejora la exclusión de la Ley de Arrendamientos Urbanos de la vivienda turística para que se regule específicamente por parte de las comunidades autónomas. Además, se autoriza que una mayoría de 3/5 de las comunidades de propietarios puedan limitar este tipo de viviendas o imputarles mayores gastos comunes.