Con la retirada definitiva de la ley de extradición en Hong Kong, el Gobierno de Carrie Lam cede ante las presiones populares después de tres meses de protestas. “El Gobierno retirará formalmente la ley para apaciguar completamente las preocupaciones públicas”, ha dicho la jefe del Ejecutivo hongkonés en un discurso televisado a todo el país.
La tramitación en la Asamblea Legislativa de una ley que habría permitido enviar a la China continental a cualquier sospechoso a requerimiento de las autoridades del gigante asiático movilizaron a los ciudadanos en el mayor reto que ha vivido Hong Kong desde la Revolución de los Paraguas.
Durante estos tres meses, miles de personas han tomado literalmente el centro financiero, las estaciones de metro y de tren y el aeropuerto internacional, exigiendo la retirada definitiva de la ley y una mayor apertura democrática.
En su anuncio, Lam ha querido mostrar su disposición a dialogar con los representantes de la sociedad civil y, así, acabar con este “inquietante periodo”. “Reemplacemos los conflictos por las conversaciones y buscamos soluciones”, señaló.
También ha avanzado que a lo largo de este mes su equipo contactar a con “líderes sociales, profesionales y académicos”, “gente de todo tipo de vida con diferentes opiniones y recorrido” con el fin de iniciar un “diálogo directo” en el que se trate acerca del “descontento social”.
Quiso garantizar que los participantes en estas conversaciones serán libres de expresar sus opiniones y quejas, todo ello con el objetivo de “examinar de forma independiente los graves problemas”. Admitió que éstos son políticos, económicos y sociales y el diálogo ayudará a su ejecutivo a buscar soluciones.
Con todo, no se investigará, como reivindican los manifestantes, la violencia policial, al entender que el Consejo Independiente de Quejas Policiales “ya cumple esa función”. No obstante, se ha comprometido a analizar “seriamente las recomendaciones que haga”.
Tampoco se retirarán los cargos presentados contra los manifestantes detenidos porque “va en contra de la ley y es inaceptable”, indicó. Con todo, quiso aclarar que la calificación de “disturbio” de los hechos no tiene trascendencia penal.
La jefe de Gobierno de Hong Kong dedicó buena parte de su discurso a criticar la violencia que “es una amenaza directa al principio de ‘un país, dos sistemas’” y pone a la región autónoma “en una situación peligrosa”. “El Gobierno tiene que garantizar el cumplimiento estricto de la ley contra todos los actos violentos e ilegales”, proclamó.
Respecto a otra de las demandas de los manifestantes, el sufragio universal, Lam ha aceptado hablar sobre ello. No obstante, apuntó, “si queremos conseguirlo, tiene que discutirse dentro del marco legal y en una atmósfera que conduzca a la confianza y el entendimiento mutuo, sin politizar aún más la sociedad”.