El Gobierno crea la dirección general de Memoria Histórica

El Gobierno crea la dirección general de Memoria Histórica

Dependerá del Ministerio de Justicia.
El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado la creación de una dirección general de Memoria Histórica al frente de la cual estará Fernando Martínez, hasta ahora secretario de este área en el PSOE y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería.
Con ello se pretende impulsar la reparación de las víctimas del franquismo y corregir algunas carencias de la ley aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Esta dirección general dependerá del Ministerio de Justicia de Dolores Delgado, que también ha contratado como asesor al abogado Eduardo Ranz. Este letrado ha sido el encargado de la tramitación del traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos y logró la sentencia firme para la exhumación de ocho víctimas enterradas en el monumento en contra de los deseos de sus familias.
Por su parte, Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ARMH, registró un documento en el Ministerio de la Presidencia urgiendo al Gobierno a actuar cuanto antes porque muchos familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura tienen una avanzada edad. “Usted que ahora tiene firma en el Boletín Oficial del Estado puede tomar desde el Poder Ejecutivo numerosas medidas que eviten el paso de algo de lo que ya casi no disponen miles de víctimas: tiempo”, reza parte del escrito.
En él, Silva señala las carencias de la ley del Ejecutivo de Zapatero: “Incomprensiblemente, no responsabilizó al Estado de la búsqueda de los desaparecidos. Se contentó con dar una subvenciones para ayudar a la exhumación de las fosas”, ayudas que desaparecieron con el Gobierno de Rajoy. “El Estado ha llegado demasiado tarde a cualquier reparación y tiene una enorme deuda”, subraya.
La ARMH reclama un plan nacional de búsqueda de desaparecidos por la represión franquista, que el Valle de los Caídos se convierta en un museo que narre “su propia historia” y que las víctimas dejen de “pagar con sus impuestos” la tumba de un dictador, que se revoquen los honores y recompensas a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado franquista, que se haga un homenaje del Estado a las víctimas del franquismo, así como la creación de una comisión de estudio de los libros de texto “para que dejen de practicar el negacionismo respecto a los crímenes de la dictadura”. Igualmente, reivindica la retirada de placas y reconocimientos a representantes de la dictadura y sanciones a quienes no lo hagan. También que el Ministerio de Cultura recupere la propiedad de los archivos actualmente en manos de la Fundación Franco y que se abran dichos archivos.

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