Entrará en vigor el próximo curso.
Así lo ha anunciado Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Con este anteproyecto se pretende eliminar los recortes educativos. “Revertir las medidas más gravosas para la comunidad educativa del Real Decreto Ley 14/2012 de racionalización del gasto público”, ha dicho la también ministra de Educación. Es el paso previo para su aprobación posterior y debate parlamentario.
El anteproyecto de ley de condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria entrará en vigor en el próximo curso 2019-20. La portavoz gubernamental explicó que con él se elimina la posibilidad de elevar hasta un 20% los ratios máximos de alumnos por aula, así como el incremento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes.
Igualmente, los profesores sustitutos podrán nombrarse en el momento de la baja del titular, en vez de esperar diez días como hasta ahora.
Celaá manifestó su “felicidad”por la norma, que ayudará a mejorar la “calidad educativa” y se reclamaba por parte de “profesores, padres y alumnos”.
Retirada de los recursos contra normativas catalanas
Entre otras decisiones de Consejo de Ministros de ayer se encuentra la retirada del recurso ante el Tribunal Constitucional, TC, contra la ley catalana de asistencia sanitaria universal. La portavoz explicó que, una vez que se ha aprobado y convalidado por el Congreso el real decreto de acceso universal al Sistema Nacional de Salud, la norma catalana queda dentro del marco estatal básico.
Ya se conocía que esta decisión se adoptaría después de la reunión entre José Ignacio Sánchez Amor, secretario de Estado de Política Territorial, y Elsa Artadi, consejera catalana de Presidencia y portavoz de la Generalitat, para tratar acerca de la reducción de los conflictos ante el TC. “No hay ninguna discrepancia entre el real decreto ley y la ley catalana”, confirmó Celaá.
Según el Gobierno, podrá haber más desistimientos debido a la existencia de nueva jurisprudencia constitucional o porque alguna de las dos partes podría modificar su normativa. De estos asuntos se está tratando en la comisión mixta Estado-Generalitat cuyo objetivo es repasar los recursos cruzados entre ambas partes. De hecho, se van a revisar 16, los que hay interpuestos ante el más alto tribunal presentados por el Estado contra legislación catalana. Pero también los hay al contrario. Nueve son contra el Estado.
En definitiva, las materias acerca de las que tratan los distintos recursos ante el TC son sobre vivienda y pobreza energética, legislación sobre consumo de cannabis, la agenda catalana de ciberseguridad, la de protección social y normativa sobre el cambio climático.
Casos máster
En el Consejo de Ministros de ayer se abordó también la situación que ha llevado a la dimisión de Carmen Montón, ex ministra de Sanidad, cuya sustituta, María Luisa Carcedo, estuvo presente por primera vez en la reunión del Gobierno. Celaá quiso, al respecto, subrayar que “Carmen Montón ha sido una excelente ministra, una ejemplar ministra. Quiero dedicarle el nombre del gobierno un recuerdo muy respetuoso”. También se trató el tema de las dudas de la posición acerca de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo.
En este sentido, la portavoz señaló que Sánchez está “fuerte, firme, con la consistencia y la profunda convicción de que su caso se ha montado para hacer ruido y abatir al Gobierno”. “Este asunto ha sido muy indeseable en su conjunto”, dijo, “es la primera vez que España tiene un presidente del Gobierno que es doctor en Economía y la pregunta se planteó saltándose el reglamento de la Cámara”.
Por su parte, PP y Ciudadanos han pedido que el presidente comparezca en el Congreso para dar explicaciones. El jefe del Ejecutivo ha calificado esta actitud como una “campaña de desprestigio” contra él. Desde ayer se puede consultar por Internet en formato digital de Sánchez.