Se ha contado para la elaboración del texto con la comunidad educativa.
El proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), al que se le ha denominado Ley Celaá, fue aprobado ayer, viernes, en el Consejo de Ministros. Este proyecto engloba una de las más importantes propuestas en educación del Ejecutivo socialista. Sin embargo, la convocatoria electoral para el 28 de abril no permitirá que el texto pueda prosperar en el Congreso de los Diputados.
“Es un proyecto muy enriquecido por la comunidad educativa y muy respaldado”, ha trasladado Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional, y portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa que se ha celebrado después del Consejo de Ministros. También, Celaá, ha resaltado que se han incorporado al texto las aportaciones de todas las comunidades autónomas excepto y, según ha subrayado, “salvo las gobernadas por el Partido Popular”.
La ministra considera que este proyecto de Ley es “imprescindible” ya que tiene como propósito derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que fue aprobada por el PP cuando gobernaba en 2013 y obteniendo la disconformidad de gran parte de la comunidad educativa. “Los efectos de la LOMCE son nocivos para el sistema educativo español”, ha manifestado Celaá.
También la ministra ha trasladado que la LOMCE “ha hecho descender el número de graduados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en tres puntos y dos puntos en Bachillerato” desde que se aprobó. “La LOMCE no conviene a la educación española y nos separaba del trabajo que viene haciendo la Unión Europea en relación a competencias educativas”, ha subrayado en referencia a la ley que impulsó José Ignacio Wert, ministro de Educación del Gobierno del Partido Popular.
Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez era una cuestión “urgente”. Pero, a pesar de ello, la LOMCE seguirá en vigor, como mínimo, hasta el próximo curso 2019-2020.
La reforma que, en principio, se planteó la portavoz, era simplemente una derogación de algunos aspectos pero, finalmente, pasó a ser una derogación completa de la Ley Wert.
Los plazos previstos de Celaá se han ido dilatando en el tiempo a lo largo de los ocho meses que lleva al frente del Ministerio. Una vez filtrado el borrador, a finales de noviembre, la ministra trasladó que el objetivo era solo “modificar los aspectos más controvertidos” de la ley del Ejecutivo de Rajoy, aunque en el borrador se recogía una disposición que confirmaba la derogación total de la LOMCE.
La ministra anunció, la pasada semana, a los diputados que “en breves días” tendrían el anteproyecto completo. Alejandro Tiana, número dos de la ministra, en unas declaraciones a Europa Press, en julio pasado, reconocía la complejidad de derogar la LOMCE en esta legislatura.
La reforma de la Ley Orgánica de Educación suprime los dos artículos de la LOMCE por los que se consideraba a la Religión como una “materia específica” en Bachillerato, y además elimina el artículo que permitía que se computara como nota media del alumno las puntuaciones obtenidas en Religión.
Otra novedad de la ley de Celaá es que recupera la asignatura en Educación en Valores Cívicos y Éticos en 5° o 6° de Primaria, como también en 1°, 2° o 3° de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Otro detalle, reflejado en el primer borrador es que las comunidades autónomas pudiesen decidir la utilización del castellano y otras lenguas cooficiales como “lengua vehicular”.
“A tal fin las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua Castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes”, rezaba en el documento.
La Ley Celaá contempla también la posibilidad de titularse en Bachillerato con una asignatura suspenda, según defendió la ministra, que tiene en cuenta esa medida como “un gran favor” a los alumnos recordando la aprobación por “compensación” que ocurre en la Universidad.
Además, algo importante para Celaá para eliminar los “aspectos más lesivos” de la LOMCE, como la eliminación de la “demanda social” como requisito de la planificación escolar, se suma al proyecto de Ley, desaparece este “eufemismo” para “propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada”, según la ministra.