El bloqueo de la financiación autonómica es aprovechado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para cumplir con el objetivo de déficit pactado con Bruselas en 2018. Y para ello, ha venido muy bien a María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, el informe de la Abogacía del Estado.
En él, se confirma que un Gobierno en funciones no puede realizar los pagos a cuenta a las comunidades autónomas, aunque la ministra asegura que “buscará fórmulas” para cumplir con la financiación.
Con todo, fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda han señalado a El Confidencial Digital que el Gobierno “prefiere retrasar el pago” de forma que no incumpla con el objetivo de déficit comprometido.
Tras la moción de censura a Mariano Rajoy en junio de 2018 y la llegada a La Moncloa de Sánchez, Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones, anunció cambios en los objetivos de déficit negociados con la Comisión Europea. Estos pasaban del 2,2% del PIB al 2,7% para 2018 y del 1,3% al 1,8% para 2019.
A finales de julio de 2019 el déficit del primer trimestre se situaba en los 16.336 millones de euros, es decir el 1,3% del PIB, según cálculos del Ejecutivo. Si a los gastos previstos para los cuatro meses restantes del año se les sumaran los 6.674 millones de euros del pago a cuenta a las comunidades autónomas, la cifra superaría los 22.000 millones de euros. Esto, unido a otros gastos, haría que resultara imposible cumplir el objetivo.
Desde Bruselas ya se cuenta con que España cierre el año con un déficit del 2,3%, pero desde el Gobierno se esmeran para no superar esas cifras.
Las consecuencias del no abono de los pagos a cuenta de la financiación autonómica son previsibles. Los gobiernos regionales sólo podrán optar por endeudarse “más nosotros, para cubrir servicios esenciales, o hacemos unos recortes salvajes”, afirma un alto cargo de un Ejecutivo autonómico.
A esta autonomía se le debe una “cantidad sustancial” y reitera la “gravedad” de la situación. “No tenemos dinero para Sanidad, Educación o ayudas a la dependencia, y de ahí es difícil recortar”, señala. El único modo que es que “las comunidades recurramos a créditos y nos endeudemos más”. Esto es algo que, a su juicio, “el Estado debería evitar aunque eso provocara tener problemas con Bruselas”.