También, la obligación de las empresas con más de 50 trabajadores a publicar las tablas salariales.
En el Consejo de Ministros de ayer se aprobó un Real Decreto de medidas urgentes que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo, con la ampliación de la baja paternal de 5 a 8 semanas, este año, y la obligación de las empresas de más de 50 trabajadores de publicar las tablas salariales.
Según ha señalado Carmen Calvo, vicepresidente del Gobierno, el objetivo es “equiparar los permisos de paternidad y maternidad en 16 semanas, y lo haremos en tres años para dar tiempo a las empresas”.
Así, en este año los permisos de paternidad pasan de 5 a 8 semanas, a 12 semanas en 2020 y a 16 semanas en 2021. Serán ampliables en 2 semanas por cada hijo en caso de partos múltiples. El Decreto Ley entra en vigor a partir de su publicación en el BOE. Además, en estos permisos de paternidad dos semanas son obligatorias desde el nacimiento del bebé en este ejercicio, cuatro en 2020 y seis en 2021.
Según ha manifestado Calvo, “la maternidad no puede ser un arma en contra del desarrollo laboral y ciudadano de las mujeres, sino una opción libre de la mujer”, y en consecuencia “tenemos que hacernos corresponsables todos”.
Esta medida quedó en el aire después de que se rechazaran los Presupuestos Generales del Estado para 2019 en el Congreso de los Diputados, por lo que el único modo de hacerla efectiva era mediante un decreto ley. No obstante, deberá ser convalidado por la Cámara Baja.
También se incluye en el decreto la recuperación de las cotizaciones sociales para los cuidadores de personas dependientes, en especial mujeres, que serán asumidas por la Seguridad Social, siendo el coste de esta medida y del permiso de paternidad de unos 610 millones de euros.
Asimismo, con el decreto se incorpora la obligación de las empresas con más de 50 trabajadores de publicar las tablas salariales desagregadas por sexo para poder establecer cuál es la brecha salarial. Las medianas y grandes empresas tendrán la obligación de elaborar planes de igualdad y a registrarlos públicamente para que las mujeres “tengan una influencia importante y sean su propia voz” en el mundo laboral.
La aplicación de esta normativa será gradual, con un plazo de tres años para las pequeñas empresas y de un año para las grandes, un “periodo razonable de tiempo y adaptación del derecho igualitario de trabajo en España”, a juicio de la vicepresidente.