Ya está lista la reforma educativa.
Propuestas para la modificación de la Ley Orgánica de Educación es el título del documento que el Ministerio de Educación ha preparado para acabar con la LOMCE, conocida como Ley Wert, y del que informa El País.
En esta propuesta se recuperan muchos aspectos de la LOE, la Ley Orgánica de Educación que aprobó el PSOE en 2006, pero también incorpora novedades, entre ellas, el impulso a un plan personalizado para alumnos repetidores. Con éste, se podrán incluir contenidos y exámenes diferentes a los del resto del grupo. Los profesores decidirán qué estrategia utilizar en cada caso.
Así, es la primera vez en que una ley establece la posibilidad de un plan de este tipo. Cabe recordar que un tercio de los alumnos de 15 años en España repetía curso en 2015, el triple que la media de los países de la OCDE, según el informe PISA.
La reforma será sometida a consulta de las organizaciones educativas y órganos de la Administración, el resto de los ministerios, y se elevará al Consejo de Ministros a finales de año.
En la reforma se contempla la supresión de los llamados itinerarios en 3º y 4º de la ESO, así como las reválidas, actualmente suspendidas, la llamada demanda social para el acceso a la educación concertada y la Religión como materia de oferta obligatoria en 1º y 2º de Bachillerato.
Las calificaciones obtenidas por los alumnos que hayan cursado la asignatura católica no computarán para la nota media de acceso a la Universidad. Se incorpora Ética como asignatura obligatoria con el nombre de Educación en valores cívicos y éticos.
En relación a la educación concertada y el acceso a ésta, la nueva ley tiene como objetivo mejorar el sistema de admisión a la enseñanza concertada. Se elimina la llamada demanda social, que obligaba a la Administración a garantizar a los padres plazas en centros concertados a los cuales la LOMCE permitía ofrecer más plazas a petición de las familias.
Isabel Celaá, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, entendía que era “un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la educación concertada”.
Se premiará la no segregación por sexo, al dar prioridad en el régimen de conciertos a aquellos centros “que se organicen bajo el principio de la coeducación”. Así, en el texto desaparece la alusión a que “la educación diferenciada no se considera discriminación por género”. Las familias monoparentales y las víctimas de violencia de género y del terrorismo obtendrán mayor puntuación, al modificarse los criterios de baremación.
En el texto se puede leer que “la segregación temprana, que da lugar a distintas titulaciones, impide que muchos alumnos con dificultades curso en bachillerato o FP de grado superior”. Con el fin de que cualquier “opción curricular” en la ESO conduzca a una misma titulación, se eliminan los itinerarios educativos, por los cuales, al acabar 3° de secundaria se debía decidir qué camino seguir, si Formación Profesional o Bachillerato. En 4°, asignaturas como matemáticas ofrecían dos niveles de dificultad, según el camino elegido, por lo que ya quedaba determinado si se obtendría un título o otro.
Los alumnos repetidores tendrán un plan individualizado y serán los centros y los docentes quienes decidan su configuración y si el alumno debe estudiar contenidos diferentes o hacer a exámenes distintos del resto del grupo. En Bachillerato, los repetidores podrán cursar solo las asignaturas suspensas en vez de la totalidad del curso. Los de primero, podrán elegir algunas materias de segundo siempre que la de este curso no cierre la del curso anterior que no ha superado el alumno.
En definitiva, en este aspecto, se trata de emular el sistema universitario, permitiendo la elección de las asignaturas de las que matricularse. Se impulsará que los centros adopten “medidas educativas” con el fin de evitar la repetición del alumno y su fracaso académico, siendo la Junta de Evaluación quien decida la propuesta.
El documento dice que se respetan “los acuerdos con la Santa Sede” en lo referente a la asignatura de Religión. Ofrecer esta materia ya no será obligatorio en 1° y 2° de Bachillerato. De este modo, la calificación que se obtenga en esta asignatura no será tenida en cuenta en el cálculo de la media de acceso a la Universidad o la obtención de becas.
También desaparece la obligación de cursar una materia alternativa, la llamada “asignatura espejo”, que hasta ahora había sido Ética, que pasa a ser obligatoria, con el nombre Educación en valores cívicos y éticos, para los alumnos en un curso de primaria y en otro de secundaria que aún no se ha determinado.
Retorna poder a los consejos escolares, que recuperan competencias, y se cambia su composición en los centros concertados para la reincorporación del representante del Ayuntamiento. Todo ello se hace con la finalidad de que el director no “sea el único órgano de gobierno en los centros educativos”.
También se modifica el sistema para seleccionar a los directores y se incrementa la participación del Consejo escolar. Las comunidades autónomas son las que deciden actualmente cómo se elige al director, si lo hace la Administración o el Consejo Escolar.
Asimismo se trata de evitar que la autonomía pedagógica de los centros, que con la actual ley colegios e institutos pueden definirse como especializados en ciencias, lleve a la selección del alumnado, según dice el escrito.
Por otro lado, la propuesta tumba la posibilidad de contratar por “procedimientos diferentes a los ordinarios” a docentes nativos que enseñen en otro idioma distintas asignaturas. Este hecho se ha detectado en algunos centros, en especial en la Comunidad de Madrid.
Un aspecto que se recupera de la LOE es la prohibición de emplear los resultados de las evaluaciones de los alumnos para los rankings de los centros.
Respecto a las reválidas de final de 6º de primaria y 4º de la ESO, se transforman en “evaluaciones muestrales y plurianuales”, con carácter puramente estadístico, de forma que se conozca el estado del sistema educativo y se favorezca la rendición de cuentas de los centros y, así, “mejorar las políticas públicas”.
Asimismo, para aquellos alumnos que abandonen el sistema educativo sin el título de Secundaria Obligatoria se implanta un plan individualizado con orientación académica y profesional.
Se recupera el sistema de evaluación cada dos cursos en educación primaria, organizándose de nuevo en tres ciclos de dos años cada uno. Con la LOMCE, los alumnos son evaluados cada año, de forma que pueden repetir si no están al nivel esperado. Con el sistema bienal se confía en que las capacidades de los alumnos se igualen a la hora de pasar de ciclo con el menor fracaso posible.
También se recupera de la LOGSE y de la LOE, en el séptimo capítulo de la propuesta de reforma, bajo el nombre Modelo territorial, la regulación por la que se distribuyen las competencias del Estado y de las comunidades autónomas a la hora de decidir los contenidos curriculares y el número de horas para cada asignatura.
En las regiones con lengua cooficial, el Ministerio será quien determine el 55% de los contenidos y de las horas totales de todas las asignaturas. En el resto, el 65%. El objetivo es rebajar las diferencias en el programa académico entre comunidades, así como un mayor acuerdo y colaboración entre el Estado central y las regiones.
La LOMCE divide las asignaturas en troncales, las obligatorias que determina el Estado, y opcionales y de libre configuracion, fijadas por las comunidades autónomas en su totalidad. Con ese modelo se abrían grandes diferencias entre las materias que se estudian en cada autonomía.
Respecto a las lenguas, la propuesta no es aclaratoria y solo dice que será aprobada una regulación acorde a la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero. La resolución anuló los artículos de la actual ley con los que el Gobierno de la Nación obligaba a la Generalitat de Cataluña al pago de ayudas con el fin de garantizar que los hijos de las familias que así lo quisieran pudieran estudiar en castellano.
El Constitucional señaló entonces que “el sistema diseñado por la ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos no respeta el reparto de competencias”.
Con hasta 6.057 euros, el equivalente al coste de una plaza en un centro público, tendría que compensar la Generalitat catalana a aquellos alumnos que, queriendo estudiar en castellano y por la falta de oferta en el sistema público, tuvieran que matricularse en un centro privado.
El documento de la propuesta de la reforma educativa no especifica el porcentaje que deberá emplearse en cada una de las lenguas cooficiales. En la actualidad varía en cada comunidad. En Galicia, las asignaturas se imparten en un 50% en castellano y un 50% en gallego. La Comunidad Valenciana, en castellano dan las asignaturas las materias en un 25%, otro 25% en valenciano y un 15% o 25% en inglés. En Baleares, como mínimo el 50% de las clases se hablan en catalán y en el País Vasco se puede elegir libremente cualquiera de las lenguas cooficiales, aunque el modelo del euskera es el mayoritario. La inmersión lingüística es el modelo elegido en Cataluña, donde todas las asignaturas, salvo Lengua Castellana, se imparten en catalán.