Por mucho que algunos nos esforcemos en defender que España sea un Estado Social, hay que reconocer que esta definición recoge un amplio abanico en el que caben muchas visiones y a veces parece que nos conformamos con alcanzar algunas cotas de bienestar de la mayoría, para relajarnos y pensar que ya está todo arreglado. En mi concepto de Estado Social, a España le falta mucho camino por recorrer para pasar de las prestaciones a los derechos.
Ahora que la economía Española, junto con el resto del mundo, vuelve a verse sacudida, vemos como cientos de miles de personas nos enfrentamos al abismo de la pobreza y aunque algunos tengamos la fortuna de que el valor de nuestro piso sea mayor que la hipoteca con el banco, muchas familias nos enfrentamos a un futuro incierto. Digo incierto en lugar de negro, porque el futuro dependerá de las decisiones de todos los representantes políticos que tenemos en España o en las comunidades autónomas y de su capacidad para responder a las necesidades de quienes tienen más necesidades, que cada vez somos más.
Entiendo que a algunos les escandalice la propuesta que estaba en los programas electorales de PSOE y también en el de Unidas Podemos, para el ingreso mínimo vital o lo que algunos llaman “paguita”, que sólo es una medida económica de ayuda para paliar los efectos de la parálisis económica a quienes tienen más necesidades, incluso para poder comer cada día. A mí personalmente, me escandaliza más, el que aún se permitan transacciones económicas en efectivo y sin factura, por ejemplo las que realizan muchos profesionales en sus despachos o consultas privadas, en las que en una sola tarde pueden facturar mucho más que la “paguita” que el Estado puede dar a toda una familia para subsistir al mes. Lo que yo llamo el “fraude de despacho”.
Siempre habrá quien se aproveche del sistema, ya sea cobrando por su trabajo sin declarar los ingresos y no pagar los impuestos correspondientes, o quienes accedan a ayudas públicas sin tener derecho a ellas, pero no podemos condenar al resto, a quienes lo hacen bien o a quienes de verdad viven en la pobreza. Si cambiasen las normas para poner más difícil el fraude fiscal y la administración se dotase de más medios para luchar contra quienes se hacen ricos con los impuestos de los demás, tal vez España podría avanzar en lo que, para mí, debería de ser un Estado Social dentro espacio europeo.