El fiscal Javier Zaragoza acusa a Junqueras de golpista

El fiscal Javier Zaragoza acusa a Junqueras de golpista

“Lo que ocurrió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017, pero sobre todo en el otoño de 2017, fue un golpe de Estado”, dijo ayer el fiscal Javier Zaragoza al comienzo de su intervención durante la exposición de las conclusiones de la Fiscalía en la sesión que se sigue contra el proceso independentista en el Tribunal Supremo. “Eso pretendían los acusados. Eso es el procés”, añadió, para luego acusar Oriol junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat de ser “el motor de la rebelión”.

El proceso independentista catalán fue “un ataque al orden constitucional” y “la violencia utilizada fue un instrumento para favorecer la declaracion de independencia mediante la presentación de España como un Estado represor a nivel internacional”, afirmó el fiscal. “Por eso fue una rebelión -dijo- y no puede ser una sedición”. Hizo hincapié en que “la única violación de derechos civiles que en este momento se produce en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución”.

En su intervención, Zaragoza remarcó que el juicio “no tiene que ver con la criminalización de la disidencia política”. “No se persiguen ideas políticas ni tiene que ver con la represión de proyectos políticos. Los acusados, y todas sus terminales políticas y mediáticas, son conscientes de ello. La razón de este juicio es haber intentado liquidar la Constitución, atacado gravemente el orden constitucional mediante métodos ilegales, usando la violencia y métodos coactivos”, explicó.

Añadió que todo eso se hizo “al amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que carece de normativa nacional e internacional”, dejando claro que no es algo reconocido por la Constitución Española y “ni siquiera la ley de transitoriedad jurídica” aprobada por el Parlament el 7 de septiembre de 2017.

En ese sentido, al respecto de las palabras de Junqueras al inicio del juicio en las que decían que el Estado “nunca tuvo la intención de dialogar” con la Generalitat, el fiscal sostuvo que fue el ex vicepresidente catalán quien “rompió y quebró gravemente la legalidad democrática, se colocó al margen de la ley y responsabiliza a quienes acatan, cumplen y respetan las leyes democráticas”. “Un ejercicio de ciclismo sin precedentes”, destacó.

Al hilo de ello, negó que los acusados sean “presos políticos” y que “tampoco hay detenciones arbitrarias”. hacía referencia a las conclusiones del informe de un grupo de trabajo de la ONU en el que se pedía la puesta en libertad de Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Precisamente, crítico que ese grupo de trabajo admitiera “todas las alegaciones de parte” y rechazara las que presentó el Gobierno español, y que, de haber sido al revés, “quizá el resultado del informe hubiera cambiado, teniendo en cuenta que no se perseguía ideas”, señaló.

Además, recordó la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que respaldó la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlament, en el que Carles Puigdemont, ex president, habría valorado los resultados del referendum del 1 octubre y proclamado la independencia de Cataluña.

A la hora de desgranar el papel jugado por cada uno de los acusados, Zaragoza se refirió a Junqueras como el “motor de la rebelión” ya que asumió el “liderazgo” del desarrollo de todo el proceso. El exvicepresidente catalán estuvo en la presentación de la pregunta del referéndum “junto a la plana mayor del independentismo”, además de que la Consejería que dirigía asumió “el control de los procesos electorales” y también intervino a la hora de aprobar el decreto de convocatoria de la consulta ilegal. Todo ello, pese a que fue advertido hasta en ocho ocasiones por el Tribunal Constitucional

A ello se añade que Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, sus manos derechas en la Consejería de Economía y hacienda, se encargaron de “toda la infraestructura del referéndum y de la creación de las estructuras de Estado” de la futura república catalana. De ahí que en sus domicilios particulares y despachos “se encontrara numerosas documentación sobre este tema”.

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