Cobró 600.000 euros en dietas indebidas.
Modesto Crespo, ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM, se declaró culpable de los delitos de apropiación indebida agravada y administración desleal al cobrar dietas por valor de 600.000 de euros en dos cuotas. De este modo, se alcanza un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular de 800 afectados por las cuotas participativas y preferentes de la caja mediterránea, permitiéndosele no asistir a las sesiones del juicio, salvo su declaración, debido al estado de salud de su esposa. El resto de los 21 encausados, entre los que están el ex director Roberto López Abad y el ex vicepresidente Antonio Gil-Terrón, se han declarado inocentes y solo Crespo ha aceptado su culpa en la primera sesión del juicio que comenzó en la Audiencia de Alicante. Dentro del acuerdo se incluye la reducción para el ex presidente de la CAM de la pena de prisión de cuatro años a uno y la devolución de los 600.000 euros, además de que debe detallar cómo se diseñó el cobro de dietas, señalar al gestor de la operación y a quién lo posibilitó.
La defensa de López Abad, en las cuestiones previas al juicio solicitó la suspensión del mismo al faltar las actas del Consejo de Administración de 2004 a 2011, solicitud a la que se unieron todas las defensas y el Fiscal Anticorrupción, Felipe Briones. La sala de la sección décima de la Audiencia de Alicante dijo, entonces, que se libró un exhorto a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ha retrasado la entrega, por lo que no acepta la suspensión y espera contar con dichas actas el 4 de junio. La defensa plantea, también, que se están vulnerando derechos fundamentales al ejercicio legítimo de la defensa porque no se cuenta con toda la documentación, imposibilitando plantear otras cuestiones previas, y, además, dice que no consta acreditada ni legitimada la representación de la plataforma CAM, cuyos miembros no han sido perjudicados por el caso, por lo que no ha lugar a la acusación popular. La defensa de Antonio Gil Terrón, por su parte, plantea que el Banco Sabadell no se siente perjudicado ni reclama. El fiscal, Felipe briones, respondió defendiendo su calificación previa por los delitos de apropiación indebida y el delito societario, y rehusando entrar a valorar la “falta de respeto” de la que se ha sentido señalado por parte de una de las defensas que le acusa de ser “recaudador” del Sabadell.
El tribunal, por su parte, ha permitido la no asistencia a las sesiones del juicio, además de a Modesto Crespo, a Aniceto Benítez Núñez, miembro del Consejo de Administración de la CAM, por su estado de salud. Ambos deberán comparecer, en cambio, el día en que tengan que prestar declaración.
Ignorar los estatutos
El artículo 9 de los estatutos de la CAM establecía que la presidencia tenía carácter honorífico y gratuito, por lo que Crespo no podía cobrar dietas extraordinarias. Para saltarse este artículo, López Abad propuso en noviembre de 2009 que se nombrara a éste presidente del Consejo de Administración de Tinser Cartera SL, participada al 100% por la Caja, por lo que recibiría 300.000 euros anuales. El Consejo de Administración de la entidad mediterránea aprobó la propuesta, nombrando a Crespo, en una Junta que no se reunió físicamente, presidente de la sociedad con una dedicación, supuestamente, “inexistente”. La Fiscalía acusa al ex director de ser inductor y cooperador necesario, y pide la misma condena que al ex presidente, cuatro años de prisión, lo mismo que la acusación particular, y una multa de 400 euros diarios durante 10 meses.
Respecto a los miembros de la Comisión de Retribuciones, a quien López Abad hizo la propuesta, al promotor y ex vicepresidente de la entidad, Antonio Gil-Terrón, al ex presidente de Terra Mítica, Luis esteban, y al ex ministro socialista, Martin Sevilla, a quienes se les acusa de autores, el fiscal propone que se le reduzca su condena de tres años a nueve meses de prisión y una multa diaria de 300 euros durante nueve meses. En el caso del ex vicepresidente, la acusación particular pide cuatro años de cárcel. Finalmente, la Fiscalía propone rebajar la condena al resto de los 16 miembros del Consejo de Administración, también acusados de autores, de dos años a seis meses de prisión y una multa diaria de diez euros durante tres meses, mientras que la acusación particular retirará la petición de penas si se produce una cooperación efectiva. El juicio se reanudará el 4 de junio.