Algunos colectivos consideran peligroso que la presencia en las calles del Ejército sea constitucional.
El Gobierno de México ha impulsado una ley para la creación de la Guardia Nacional, que consiste en una policía militar la cual velará por la seguridad pública y reemplazará al Ejército y la Marina en relación a la lucha contra el crimen organizado. Esta ley ha creado cierta polémica y, más aún, después de lo avanzada que se encuentra su tramitación en la Cámara de Diputados, que podría aprobarla definitivamente en los próximos días.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha apoyado el proyecto de reforma de la Constitución. Reforma que, a su vez, está siendo criticada por organismos de Derechos Humanos. El proyecto de reforma ha sido aprobado por la comisión de Puntos Constitucionales debido a la mayoría de votos del partido del presidente, Morena y sus aliados.
Martha Tagle, diputada del partido Movimiento Ciudadano, ha trasladado, “hacer constitucional la presencia del Ejército en las calles es peligroso”. Además de señalar que “el índice de lealtad, desde el uso de las Fuerzas Armadas para combatir grupos criminales en el país, ha aumentado”.
Las organizaciones de Derechos Humanos y la ONU han mostrado su desacuerdo acerca de la creación de la Guardia Nacional. Algunas voces trasladan que la militarización del país no solucionará el problema y provocará violaciones de los derechos humanos.
“La ONU reitera (…) su especial preocupación por la pretensión de crear una Guardia Nacional”, ha subrayado Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de una carta dirigida al presidente del Congreso, antes de que diese comienzo el debate de la comisión.
“De aprobarse se consolidaría el paradigma militar en materia de seguridad que ha contribuido al deterioro de la situación de Derechos Humanos”, ha manifestado.
El presidente de México se comprometió a someter a consulta popular en marzo la formación de la Guardia Nacional, poco tiempo antes de asumir la presidencia. La promesa, en aquel momento, era que estaría formada en una primera etapa por unos 60.000 miembros de la Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal. En una segunda etapa, serían convocados para unirse miembros del Ejército y la Marina.
La iniciativa ha de ser votada en el pleno de la Cámara de Diputados, después pasaría al Senado y debiera ser aprobada sin ningún tipo de cambio. Para que entre en vigor, ha de tener la aprobación de los congresos de los 17 estados del país.