Con el despido de Paloma Herranz, hasta ahora directora de los Servicios Jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, trata de impedir que prospere el recurso que el Ayuntamiento de la capital preparaba contra la sentencia del Tribunal de Cuentas que absuelve a Ana Botella, ex alcaldesa madrileña.
La también esposa de José María Aznar, ex presidente del Gobierno, podría resultar finalmente condenada, junto a siete altos cargos de su Ejecutivo municipal, a una multa de 25,7 millones de euros por la venta de pisos sociales a fondos buitre.
Y la maniobra le puede salir bien al primer edil madrileño. Apenas quedan quince días para que venza el plazo para presentar el recurso ante el Tribunal Supremo. La posibilidad de que prospere el recurso es mínima, teniendo en cuenta que Herranz era la única en este organismo municipal que conocía todo el proceso. Llevaría meses de estudio a un letrado que llegara nuevo ponerse al día en un pleito que lleva años de trámites con enormes complicaciones.
“Cada vez que llega un nuevo equipo de gobierno tiene que formar equipos”, ha justiciado Almeida la decisión de despedir a la abogada de la EMVS. Lo cierto es que el plazo termina el 27 de septiembre y, si no se presenta el recurso, el Ejecutivo municipal de coalición del PP y Ciudadanos incumplirá el acuerdo adoptado por el Pleno bueno recurrir el fallo del Tribunal de Cuentas a intentar recuperar parte del dinero público perdido. A dicho acuerdo se llegó con los votos a favor de Más Madrid y PSOE y la abstensión de Vox.
Es cierto que los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento no son vinculantes y que el Gobierno municipal puede no cumplirlos. Sin embargo, hacerlo, saltándose una decisión de la mayoría de la Corporación, tiene consecuencias y significado políticos. Tanto desde el grupo socialista como del de Más Madrid advierten de que tomarán medidas. Se estudia ya “alguna vía de poder exigir su cumplimiento”, dice Mercedes González, concejala portavoz de urbanismo del PSOE. llevaremos a cabo todas las iniciativas políticas y judiciales que estimemos oportunas para defender los intereses de los madrileños, asegura José Manuel Calvo, concejal de Más Madrid.
Ambas formaciones entienden que “se trata de una maniobra más del PP para evadir sus responsabilidades por unas ventas ilegales”. “Claramente quieren evitar que el Supremo se pronuncie”, lamentan.
“Bastaría con no concretar adecuadamente los requisitos exigidos para que se inadmitiera y no pasara nada”, indican fuentes jurídicas. Y es que un recurso de casación exige unos requisitos muy cansados y que se demuestre el interes casacional. De hecho, muchos recursos no son admitidos por este motivo sin llegar, ni tan siquiera, a ser analizados. Herranz era la única que conocía al detalle todo el proceso judicial. Con su despido, PSOE y Más Madrid temen que el recurso, si llega a presentarse, pueda prosperar.
Pusieron al zorro a guardar gallinas… Estos del PP y compañía apestan y seguirán apestando… Es vergonzoso y escandaloso como se comportan, pero siempre terminan riéndose y son todos «lobos de una misma camada»: LA ULTRA DERECHA que por la ignorancia de muchos votantes terminarán haciéndonos «las santas pascuas a España y a los españoles.
Mejor me callo porque me puedo cagar en todo lo que se menea.
La corruptela que ha habido en el Ayuntamiento de Madrid cuando gobernaba el PP es bien visible. Este nuevo alcalde es un encubridor de las actuaciones corruptas del PP en el Ayuntamiento en tiempos pasados y por lo tanto no es de fiar . Habla de la transparencia actual del PP pero siguen el mismo camino, no se vislumbra transparencia. El tiempo lo dirá.