En la tarde de ayer se presentó Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España, el documento que contiene el programa de Gobierno del PSOE y Podemos. Son las grandes líneas que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han pactado para un Ejecutivo de coalición en esta legislatura.
Entre las medidas más destacables figura la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP, la subida de impuestos a los ricos y a las grandes empresas, el fin de la ley de seguridad ciudadana, el aumento del salario mínimo interprofesional. Todo ello aderezado con un claro carácter social y feminista.
Con él, se pone fin también al parón institucional que ha durado meses. “Un referente mundial” pretende ser este programa de evidente tinte de modernidad, progreso y feminismo, algo que ha destacado el presidente en funciones, quien ha agradecido a Iglesias su “generosidad” y “responsabilidad”.
Un acuerdo que permitirá un Gobierno que combine la “experiencia” socialista con la “frescura” de Unidas Podemos, como ha subrayado el líder morado. Un programa con ambiciones en impuestos, vivienda y gasto social que convivirá con el carácter ortodoxo de una vicepresidencia económica encabezada por Nadia Calviño.
En material fiscal, el IRPF subirá para las rentas superiores a 130.000 euros anuales en dos puntos porcentuales, y cuatro para las de más de 300.000 euros. Asimismo, el tipo estatal sobre las rentas de capital aumentará en un 4% a partir de los 140.000 euros, de forma que pagarán hasta un 27%, en vez del actual 23%.
El Impuesto de Sociedades queda fijado en un 15% como tipo mínimo y un 18% para banco y empresas de energía, un “hachazo fiscal” según Ciudadanos y PP, cuya propuesta era bajar “todos los impuestos” aunque la presión fiscal se sitúe por debajo de la media europea. Las nuevas medidas afectarán a menos del 1% de los contribuyentes y de las empresas.
En materia laboral, el documento contiene el compromiso de recuperar “los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”, eliminándose, urgentemente, el despido por absentismo a causa de bajas por enfermedad, algo que el presidente en funciones ha acordado con los sindicatos.
Desaparece el límite al ámbito temporal de los convenios colectivos, así como la prioridad de los convenios de empresa frente a los colectivos sectoriales. Además, se limita “la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa”, con el objetivo de luchar contra la precariedad y la temporalidad.
Igualmente, se pone límite a “la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa”.
El documento deja clara la posibilidad de aumentar hasta en un 60% del salario medio el salario mínimo a lo largo de la legislatura, es decir, hasta los 1.200 euros mensuales.
Las pensiones también quedan reflejadas en el acuerdo, eliminando el factor de sostenibilidad, por la que se supeditaban a la esperanza de vida, y el índice de revalorización, que condicionaba los aumentos de las pensiones en función de la marcha de la economía, “asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo”.
En el texto, de 49 páginas, aborda otras cuestiones, como el desafío independentista, acerca del cual se contempla “abordar el conflicto político catalán impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual”.
También contempla una reforma educativa, ley de cambio climático, la derogación de la llamada ley mordaza, la reforma de la ley electoral o el impulso de la Memoria Histórica.