Es el país mediterráneo al que en 2018 llegaron más menores no acompañados.
En torno a 13.000 niños migrantes bajo la tutela del Estado español se encuentran de facto en una situación de abandono porque el modelo de acogida, según Acnur, ONGs y el Comité de Derechos del Niño, falla en todos sus aspectos.
Unicef llevó a cabo una investigación, entre el 20 de septiembre y el 16 de octubre del pasado año, acerca de la realidad de los niños inmigrantes no acompañados en España. El estudio se realizó en centros de protección y calles de Melilla, Ceuta, Madrid y Andalucía y la organización de la ONU pudo comprobar que, aunque España asume el cuidado de los niños mediante políticas de infancia y no de control migratorio, una vez dentro del sistema de protección “las vulnerabilidades no son atendidas, sino agudizadas”.
Así, se hace necesario un Plan Nacional que implique al Estado y a las comunidades autónomas, las responsables directas de tutelar a los niños, para asegurar que se coordinan las autoridades con competencias en esta materia, se habilitan recursos estables y se establece una política de protección homogénea en todo el territorio.
En su informe, Unicef afirma que “una de las evidencias más importantes que emanan de la investigación está en la necesidad de una política integral y coordinada por todos los niveles de gobierno”. El pasado verano, el Ministerio de Sanidad se puso manos a la obra en estas cuestiones ante la avalancha de llegadas de menores, pero no se han hecho públicos sus progresos.
La organización para la protección de la infancia de la ONU identifica diferentes problemas, entre los que sobresalen la falta de mediadores que conozcan el idioma de los niños residentes en los centros, que no hay asistencia jurídica, que se dan casos de malos tratos y que se encuentran obstáculos para acceder a la educación o instituciones en las que prácticamente sólo hay un psicólogo por cada 600 menores.
“Desde la recepción en frontera en adelante, los niños y niñas prácticamente no cuentan con asistencia jurídica gratuita y representación letrada en los procesos en los que sus derechos están en juego”, señala el informe. A ello se une que se ha constatado que se producen “demoras injustificadas” en los procedimientos de tutela y en la gestión de los permisos de residencia, en muchas ocasiones debido a la saturación del propio sistema. Son las comunidades autónomas las responsables de estos trámites obligatorios. Solo 395 solicitudes de autorización de residencia estaban siendo tramitadas a 30 de septiembre aunque ya se había asumido la acogida de alrededor de 5.000 niños recién llegados.
Otro de los problemas más graves es la transición de los menores a la mayoría de edad. Según Sara Collantes, principal investigadora de este estudio, es “ínfima” el número de niños y niñas que llegan a la mayoría de edad integrados en algún programa de transición a la edad adulta. “Esta situación incide en el crecimiento de jóvenes adultos que terminan viviendo en situación de calle en lugar de estar integrados a nivel social y laboral en un proceso de progresiva autonomía”, señala. A modo de triste anécdota, la investigadora recuerda que cuando preguntó a un grupo de niñas qué ocurre el día en que los menores cumplen 18 años, recibió como respuesta: “Cantamos el cumpleaños feliz y se marchan”.
La Fiscalía es la responsable de determinar la edad de los menores cuando se solicita y a quién corresponde supervisar que los derechos de los niños están protegidos. En este sentido, el informe apunta que “algunas secciones de menores de las fiscalías presentan importantes limitaciones en su rol de supervisión del sistema de protección de la infancia, y en particular de las condiciones en los centros de acogida”. Unicef duda de que las pruebas para determinar la edad de los menores, a las que califica como imprecisas e invasivas, sean el único instrumento para clarificar si un joven es niño o adulto.
Por otro lado, del estudio se desprende que hay deficiencias en el registro de menores extranjeros no acompañados “debido a que este sistema de registro tiene limitaciones para ofrecer datos exactos”. Oficialmente, solo se puede emplear esta herramienta para saber con exactitud el número de niños tutelados en España, pero los datos no terminan de ser concluyentes, puesto que dependen de la comunicación entre la Policía Nacional, los cuerpos de seguridad autonómicos y los sistemas de protección, que son los encargados de informar puntualmente de las altas y bajas en los centros. Fue, precisamente, este registro la base para el reparto de los 40 millones de euros que el Gobierno puso a disposición de las comunidades autónomas para compensarlas en función del número de niños que acogieron el año pasado.
Finalmente, otro de los problemas que más preocupa a los investigadores es la estigmatización de los menores. Según el informe, “en algunos contextos específicos, particularmente en Ceuta y Melilla, es posible evidenciar de múltiples formas una imagen negativa y estigmatizada de estos niños denominados genéricamente ‘los MENA’, Menores Extranjeros No Acompañados, dirigida mayoritariamente a niños de origen magrebí”.
En opinión de Collantes la imagen negativa que se construye alrededor de los niños nubla los casos de éxito. Así, recuerda que en uno de los centros se pedía a los menores que no se asomaran a las ventanas para evitar las quejas de los vecinos a los que les incomoda va a su presencia. “Uno de los niños me preguntó si era verdad que en España no les querían como decían en la tele”. No supo qué responder.