2,8 millones dijeron tener pendientes de pago dos o más recibos.
Según un nuevo estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales, ACA, sobre pobreza energética presentado a finales de abril en el primer encuentro estatal respecto a este problema social, en 2016, el 15% de la población española sufrió temperaturas no adecuadas en sus viviendas, esto es casi 7 millones de personas. Este I Encuentro Estatal sobre Pobreza Energética tuvo lugar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y en él se reunieron numerosos expertos que presentaron iniciativas y estrategias políticas para abordar la pobreza energética.
Durante la primera parte del encuentro, se presentó este estudio elaborado por acá, que en esta ocasión siguió la metodología de EPOV, que postula cuatro indicadores, dos de ellos que proceden de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, ECV, y dos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, EPF. Los de la primera revelan que en 2016 el equivalente al 15% de la población sufre temperaturas inadecuadas en su vivienda o algún retraso en el pago de recibos, o ambas circunstancias. 2,3 millones de personas, el 6% de la población, admitieron tener dos o más retraso en el pago de sus recibos en los últimos 12 meses, lo que está por encima de la media europea.
El 2,3% de la población sufrió desconexión del suministro
Igualmente, estos indicadores de la ECV revelan, por primera vez, que las personas que dijeron no poder mantener sus viviendas a una temperatura adecuada, cerca de 900.000, el 2,3% de la población, sufrieron en 2016 desconexión voluntaria o forzosa del suministro energético en su hogar. A su vez, los datos de la EPF revelan dos tipos de situaciones en función de la relación de gastos e ingresos. Un 17% de la población, unos 8 millones de personas, paga en sus facturas energéticas el doble de la media estatal de entre 2006 y 2016, y también aparece un cuarto indicador denominado “pobreza energética escondida” te revela que hay familias que gastan energía menos que la media del país. Así, un 12% de los residentes en España, unos 5,4 millones, tienen gastos energéticos anormalmente bajos, siendo el gasto por persona el equivalente a menos del 50% de la media anual. En definitiva, el 29% de la población, en 2016, en torno a 13,2 millones de personas tuvo dificultades para asumir el coste energético, de acuerdo con alguno de los dos indicadores del EPF.
Estos datos describen a grandes rasgos el estado de la pobreza energética en España, pero ACA va más allá en la demostración de que este problema se manifiesta de formas diferentes en los hogares españoles, cruzando los cuatro indicadores, e identificando varios grados de vulnerabilidad y sus consecuencias diferentes. Igualmente, se refleja que hay diferencias entre las comunidades autónomas, siendo las más afectadas por este problema, en 2016, Castilla La Mancha, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, mientras que las que menos la sufren son País Vasco, Castilla y León, Aragón y Madrid. Analizando las condiciones sociodemográficas, se descubren ciertos patrones de vulnerabilidad que tienen que ver con el nivel educativo, la situación laboral, el tipo de contrato, el estado civil, la presencia de personas con mala salud o la percepción de ayudas sociales. Así, familias monoparentales o aquellas en las que la persona principal es viuda, los hogares donde se sufren enfermedades crónicas o las viviendas en alquiler son los grupos más vulnerables.
Finalmente, el estudio hace una serie de propuestas de medidas y recomendaciones para actuar frente al problema, priorizando las estructurales combinadas con medidas paliativas, como establecer un sistema de medición estatal con múltiples indicadores, mejorar la disponibilidad y el uso de datos, progresar hacia un bono social energético integral, desarrollar políticas de mejora de la edificación para adaptarse al cambio climático y prevenir la vulnerabilidad energética, seguir explorando la relación existente entre la pobreza energética y la salud de las personas, preparar una estrategia estatal de protección de los derechos energéticos, facilitar una transición energética justa, sostenible y de coste eficiente, así como el acceso a la vivienda y a otros suministros y servicios básicos. Asimismo, escuchar a las poblaciones vulnerables y mejorar la información, formación y sensibilización de los ciudadanos, mejorar su toma de decisiones y fomentar la comunicación y la transparencia.