Trabajan doce horas diarias, algunos más, otros mucho más. Recorren entre 200 y 300 kms al día, sin parar, sin darse cuenta que pasa el tiempo. Sufren enfermedades profesionales singulares muchas veces sin tratamiento específico en la sanidad pública.
Son los taxistas. De Madrid, de Barcelona, de cualquier parte. Aquellos y aquellas cuyas familias dependen de las carreras que hagan al día, de las veces que levantemos la mano para trasladarnos de un lugar a otro. Son, sobre todo, un servicio público. La primera conversación que recibe un turista, el primero al que nos dirigimos para preguntar la dirección de una calle o el lugar de un restaurante.
Y como servicio público exige una regulación, unas normas, un reglamento. Las plataformas, propiedad de grandes compañías que tienen magníficos beneficios a costa, muchas veces, de la explotación, no consideran al taxi un servicio público. Pero lo es. Ésa es la cuestión.
Las plataformas nadan en el océano del malentendido liberalismo que, como el agua, todo lo ocupa en busca de un beneficio que obtener. En vilo están miles de familias españolas que viven del trabajo incesante de muchos autónomos que representan a los trabajadores que más horas le echan en España.
Editorial «Taxi»
