No se persiguen ideologías, no se vulnera el derecho a votar, no se impone caprichosamente una unidad territorial.
Así han respondido los fiscales a los abogados de las defensas en el juicio del procés que ayer vivió su segunda sesión. “Este es un juicio en defensa de la democracia española. En defensa del orden constitucional que consagra la Constitución de 1978”, han señalado Javier Zaragoza y Fidel Cadena, los dos representantes del Ministerio Público con un duro discurso contra los acusados. Fue precisamente Zaragoza quien recordó que en Cataluña la Carta Magna obtuvo un mayor respaldo que en el resto de España.
Hoy continúa la vista con el informe sobre las cuestiones previas planteadas por las partes sobre las que los magistrados deliberaron ayer por la tarde. Después comenzará el primer interrogatorio, a Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat.
En la sesión de ayer, Zaragoza y Cadena dividieron el turno de intervención y ambos intentaron desmontar los argumentos y las “masivas” vulneraciones de derechos fundamentales que esgrimieron los abogados de los acusados. “Algunos escritos de las defensas parecen libelos acusatorios que pretenden crear una visión distorsionada de la realidad con el exclusivo fin de desprestigiar la justicia española y cuestionar la calidad democrática del Estado de Derecho”, dijo Zaragoza, que fue el primero en intervenir.
A continuación, criticó las estrategias de algunas de las defensas más agresivas, que tratarían de dar la vuelta al proceso y convertir al Estado en acusado y a los procesados en víctimas: “La justicia se ha limitado a aplicar la ley. Hubiera sido una irresponsabilidad que la justicia penal no hubiese reaccionado”, enfatizó, para luego citar un editorial de El País: “No se juzga a dirigentes que reclamaban libertades, sino que querían arrebatarlas”.
Cadena continuó en esa misma línea y centró su réplica respondiendo a las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales que las defensas denunciaron el día anterior. No solo no se vulneraron derechos de los independentistas, sino que fueron ellos los que violaron reiteradamente artículos y principios de la Constitución y del Estatut, sostuvo. En especial con el devenir hacia la independencia unilateral de septiembre y octubre de 2017. “Salir del ámbito de la legalidad constitucional es colocarse en la ilegalidad”, aseguró el fiscal.
En sus intervenciones, los representantes públicos insistieron en que los principales líderes independentistas cometieron un delito de rebelión, participando el poder ejecutivo, el legislativo y los líderes sociales. “No fue un grupo de ciudadanos que pretendía acceder al poder, sino una comunidad que ha decidido separarse del Derecho para lograr sus fines. Y junto a ello, el poder de los Mossos, que se pusieron del lado de la rebelión”, implicando, Cadena, de este modo, a la policía autonómica catalana.
Uno de los debates será si hubo o no violencia en los hechos que se juzgan. La Fiscalía da por hecho que sí hubo violencia y no en una sola ocasión sino en varias. Se refiere, así, a los días 20 y 21 de septiembre de 2017 y al propio referéndum ilegal del 1 de octubre. Cadena mantuvo que para que se considere ese delito “solo exige un alzamiento público y violento”, recordando que el actual tipo penal proviene de la reforma del Código Penal de 1995 y que en su redacción se rechazó “una enmienda del grupo catalán” con la pretensión de añadir que dicho alzamiento debía producirse “con armas”.
Después del Ministerio Público intervinieron las otras dos acusaciones, la Abogacía del Estado y la acusación particular de Vox. Rosa María Seoane, abogada del Estado, rechazó la vulneración de derechos fundamentales que denunciaron las defensas el martes. Su intervención fue estrictamente jurídica. Pedro Fernández, abogado de Vox, sí introdujo algunos mensajes con carga política, aunque su intervención fue breve y en su mayoría con argumentos técnicos.
Con todo, nada más empezar elevó una queja porque se permita a Jordi Sànchez llevar un lazo amarillo en la solapa, exigiendo que se lo quite. Manuel Marchena, presidente del tribunal, citó jurisprudencia de Estrasburgo, por la que los acusados pueden llevar símbolos políticos en el juicio, mientras que los abogados, no.