Las operaciones policiales se llevaron a cabo en el marco de la investigación de un supuesto delito de revelación de secretos.
Aprovechando la presencia de María José Segarra, Fiscal General del Estado, a un acto en la mañana de ayer, dos periodistas le entregaron una carta firmada por más de 200 profesionales de medios de comunicación mostrándose “sumamente alarmados” por los registros e incautaciones de teléfonos móviles, ordenadores y documentación de los periodistas baleares.
Las operaciones se enmarcan en la investigación de un supuesto delito de revelación de secretos referentes a la difusión de noticias sobre el caso Cursach. Los investigadores entraron y registraron dos medios de comunicación, en concreto la agencia Europa Press y Diario de Mallorca.
El comunicado manifiesta que “se trata de un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes de informacion periodísticas que constitucionalmente están protegidos por el artículo 20 de la Carta Magna”.
Fue el juez instructor del caso Cursach quien ordenó la entrada y registro de estos medios de comunicación con la anuencia de la Fiscalía. Es por ello que los periodistas denuncian que se trata de “una actuación impropia de una Fiscalía defensora de la legalidad que, por encima del único secreto que la Constitución recoge expresamente, que es el relacionado con el derecho a la información, se haya impuesto el interés en conocer quiénes informan a los periodistas sobre un asunto de corrupción”.
A juicio de los firmantes, “la actuación respaldada por la Fiscalía sume, además, en la más absoluta indefensión a periodistas que ven lesionados sus derechos constitucionales, sin poder hacerlos valer en una causa en la que no son parte”. “Cuando acaba de cumplirse el 40 aniversario de la Constitución”, continúa el escrito, “lamentamos que una fiscal general que accedió al cargo con promesas de transparencia y de defensa de la información se convierte en la primera responsable del Ministerio Público que respalda una intromisión intolerable e inédita en los derechos fundamentales que garantiza el artículo 20”.
En consecuencia, los más de 200 periodistas firmantes piden “encarecidamente” a Segarra que “reflexione sobre esta crítica situación” y, además, le transmiten su confianza en que “se esté a tiempo de rectificar”.