Tres asociaciones de jueces, que aglutinan a más de 2.500 magistrados en activo, han enviado un escrito a Vêra Jourová, la vicepresidente de la Unión Europea para Valores y Transparencia denunciando un “riesgo de violación grave” del Estado de Derecho en España.
En el documento, también remitido a Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, los magistrados se refieren a las últimas reformas legislativas que, en su opinión, afectan a la independencia judicial.
Estas asociaciones son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de ideología conservadora, la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI).
Así, en seis páginas, piden a la Comisión Europea la adopción de medidas, entre ellas, el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión. Éste recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la UE.
Por ejemplo, los derechos humanos o el imperio de la ley. Podría implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.
Los jueces piden que se examinen las reformas
Más en concreto, solicitan al Ejecutivo comunitario que tome conocimiento de su escrito acerca de las reformas legislativas. Es decir, sobre “el apagón y desapoderamiento” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En virtud de ello, el CGPJ no puede hacer nombramientos estando en funciones. Asimismo, por su “colonización por los partidos políticos”, que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales.
También, toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación), “y con ello su independencia e imparcialidad”.
Según los jueces firmantes, esta actuación pone en riesgo el Estado de Derecho. Esto “constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, por lo tanto, del propio Derecho de la Unión”.
A su vez, reclaman que se inste al Gobierno español para que aborde las reformas legislativas compatibles con las garantías del artículo 49 del Tratado. Que lo haga en los términos en que los viene interpretando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
Así, que “en última instancia y de no subsanarse la situación denunciada”, se inicie el citado procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado. Según señalan, porque “la Comisión Europea […] es responsable, con arreglo a los Tratados, de garantizar el respeto del Estado de Derecho”.