Dolores Delgado, nueva fiscal general del Estado

En el Consejo de Ministros de hoy, extraordinario, el Gobierno aprobará proponer a Dolores Delgado, ex ministra de Justicia, como fiscal general del Estado, sustituyendo, así, a María José Segarra, han señalado fuentes de Moncloa.

De ser confirmada, dirigirá el ministerio público tras ser titular de Justicia con el Ejecutivo de Pedro Sánchez después de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del Gobierno. Delgado y Segarra pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales.

Solo hay un caso igual –que un ex ministro pase directamente a dirigir la Fiscalía general del Estado- en la reciente historia de la democracia en España. Es el de Javier Moscoso, en 1986, ministro de Justicia con Felipe González.

La ex ministra aterrizó como independiente en el Ejecutivo de Sánchez tras la moción de censura. En cambio, últimamente ha desarrollado su faceta política, enfrentándose duramente a la oposición. Incluso ha hecho campaña a favor del PSOE y fue elegida en sus listas, si bien no está afiliada. Fiscales y jueces tienen prohibido por ley su afiliación a partidos políticos.

La decisión del Gobierno ha provocado inmediatamente las reacciones de la oposición, criticando su nombramiento. Pablo casado, líder del PP, ha asegurado que la propuesta de Delgado es un ataque a la separación de poderes.

“Uno de los más equivocados. ¿Qué dirían de nosotros si hubiéramos promovido a Ruiz-Gallardón como fiscal general? Perder el pudor a la hora de nombrar es algo que ataca la separación de poderes”, manifestó en un acto de Fórum Europa de Madrid.

También los fiscales se han mostrado reacios. Cristina Dexeus, la presidente de la Asociación de Fiscales, de inclinación conservadora, ha declarado a Onda Cero: “Que un ministro de Justicia que formaba parte de un Gobierno de un partido determinado pase a ostentar el cargo máximo de la carrera fiscal no me parece adecuado”.

En su opinión, es “una manera muy clara de indicar” que el Ejecutivo pretende tener “sometida” a la Fiscalía, añadió ante la propuesta, que, dijo, le ha causado “estupor”.

También desde Ciudadanos se han hecho oír. Marcos de Quinto, diputado de la formación naranja, ha criticado la decisión escribiendo en Twitter que “no satisfecho con retorcer el brazo de la abogacía del estado, Sánchez se apodera de la independencia de la fiscalía del estado nombrando fiscal general a Dolores Delgado, su ex-ministra de justicia!!! Todo un escándalo: se inicia la ‘venezuelización’ de España”.

El artículo 124.4 de la Constitución confiere al Gobierno el nombramiento del fiscal general del Estado. En el artículo 8 del estatuto orgánico del ministerio fiscal se señala que el Ejecutivo puede pedir al fiscal general que “promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público”.

No obstante, la Carta Magna y la normativa que rige a los fiscales fijan que estos actúan “con plena objetividad e independencia” en la defensa de la legalidad y “en todo caso” rigen su actuación los “principios de legalidad e imparcialidad” de acuerdo con la Constitución, las leyes y demás normas del ordenamiento jurídico.

El fiscal general del Estado es quien decide en última instancia acerca de la viabilidad o procedencia de las actuaciones que el Gobierno le solicita, de lo que se desprende que el Ejecutivo no da órdenes ni instrucciones a los fiscales.

La ley establece que el fiscal general “podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos”.

En consecuencia, los fiscales subordinados tendrán que “atenerse” a dichas órdenes en sus dictámenes e informes a los tribunales. No obstante, la ley proporciona mecanismos de disentimiento. Es lo que se puede reflejar cuando un fiscal, en sus intervenciones orales, deja clara su discrepancia con una orden o un caso.

En caso de que un fiscal reciba una orden cuya legalidad suscite duda o que considere improcedente, puede hacerlo constar en la junta de fiscales de sala. Esta se pronunciará y el fiscal general “resolverá” lo que entienda oportuno.

Aunque al fiscal general del Estado siempre lo nombra el Gobierno, como es común en la mayoría de las democracias, goza de autonomía de acción desde el nombramiento y no debe obediencia al Ejecutivo.

Su nombramiento es sometido a informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, la ex ministra tendrá que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso.

A eso se añade que el candidato o candidata debe ser un “jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión” y debe ser nombrado por el Rey, a propuesta del Ejecutivo y una vez escuchado el Consejo General del Poder Judicial”. La decisión no necesita de su votación por las Cortes ni puede frenarse por parte de otros organismos.

Delgado, de 57 años, ejerció como fiscal en la Audiencia Nacional durante 25 años, desde 1993. Dedicó la mayoría de su tiempo a la lucha antiterrorista. Antes de incorporarse al primer Gobierno de Sánchez, era la fiscal coordinadora de la lucha contra el terrorismo yihadista.

Durante su etapa como ministra, asumió el reto de la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, en la que actuó como notaria mayor del Reino. Apostó por la cooperación internacional y el avance de la digitalización de la Justicia.