El juez Manuel García Castellón pide al Supremo que investigue a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, por tres delitos. Denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos.
En su escrito el magistrado considera que Iglesias usó el procedimiento de manera “fraudulenta”, para conseguir una ventaja electoral, “a sabiendas que sus acusaciones eran falsas”. Y que “mintió” en su declaración en sede judicial.
La pieza Dina, se investiga en el marco conocido como “caso Villarejo”.
El titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia, investiga el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, y el posterior uso de los archivos que contenía, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, quien aún no ha recibido la documentación.
La investigación solicitada por García Castellón, incluye también a Gloría Elizo, exdirectora de los servicios jurídicos de Podemos y vicepresidenta tercera del Congreso. Asimismo, a los letrados de la formación, Marta Flor Núñez y Raúl Carballedo. También a la propia Bousselham y a Ricardo Dasaferreira, estos dos últimos por falso testimonio.
El magistrado propone esta investigación porque considera que el líder de Podemos usó de forma fraudulenta el caso Dina para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral.
En otro auto, el juez da por concluida la investigación del caso Dina y propone juzgar a Villarejo y a dos periodistas por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos por pasarse datos del móvil de Bousselham.
El juez entiende que su auto se enmarca dentro de la decisión de la Sala de lo Penal, ya que ésta devolvió la condición de perjudicado a Iglesias, lo que era compatible con la existencia de “hipótesis alternativas”. Y es, en este marco de “hipótesis alternativas”, donde el juez sitúa al vicepresidente segundo.
Iglesias retuvo la tarjeta sin decir nada a Bousselham
El juez afirma en su escrito, que Iglesias recibió del periodista Antonio Asensio la tarjeta del móvil robado a Bousselham. La guardó durante un tiempo y no comunicó nada a su propietaria. En dicha tarjeta se encontraban archivos personales e íntimos de la exasesora.
García Castellón cree que esta acción puede vincularse al conocimiento que el líder de Podemos tuvo de las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en las que figuraba Iglesias.
Otro punto importante para el juez es que Iglesias devolviera la tarjeta a Bousselham inoperativa. Aunque no ha podido determinar la fecha de la devolución, ésta pudo ser antes del 23 de agosto de 2017.
Destaca también el juez que, en julio de 2016, un medio de comunicación, publicó noticias, durante varios días, acompañadas de imágenes del móvil de Bousselham. Trataba de vincular “falsariamente” una conexión entre las imágenes publicadas en el digital y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015.
De este modo, el magistrado relata que, bajo las ordenes de Iglesias, presentaron la desaparición del robo de Bousselham como si fuera un encargo realizado por el Gobierno del PP al exconsejero Villarejo. Tendrían la intención de publicar en el digital. Una campaña para perjudicar a Podemos. Una actuación que el juez califica de “Consciente y Planificada”.
Fuentes de la formación morada no dan crédito: “Hace unos días la Audiencia Nacional reclama a García Castellón que le devuelva la condición de perjudicado a Pablo Iglesias, y el juez responde pidiendo al Supremo que se le investigue”, han señalado. El juez había retirado la condición de perjudicado a Iglesias a finales de mayo.