“Desigualdad estructural, el legado de Rajoy”. Por Miguel Córdoba

Por Miguel Córdoba, economista.
Decía Rousseau en su “Contrato Social”, y en defensa de la propiedad privada, que “…libres de la dependencia económica, los ciudadanos no tenían por qué tener miedo…. puesto que pueden… expresar sus opiniones sin correr el riesgo de poner en peligro su sustento… ningún ciudadano debe ser lo bastante opulento como para poder comprar a otro, y ninguno lo bastante pobre como para ser constreñido a venderse”. Doscientos cincuenta años después, los ciudadanos europeos, y sobre todo los españoles, no hemos conseguido llegar a esa independencia económica que preconizaba Rousseau. Los índices de desigualdad aumentan, y los índices de pobreza, incluida la infantil, están llegando a límites que deberían sonrojarnos a los países del denominado “primer mundo”.
La verdad es que el mundo que nos ha tocado vivir no es fácil, y menos cuando se produce una fuerte crisis financiera que se llevó por delante en el período 2008-2013 y en términos reales (eliminado el efecto de la inflación), un 16,16% del PIB. Algunos lo resuelven con marketing político, diciendo que hemos estado creciendo por encima del 3% en los últimos años, pero la realidad es que, de nuevo en términos reales, en los seis años en los que ha estado gobernando el Partido Popular, el crecimiento medio anual no ha superado el 0,61%, un total del 3,7% en el acumulado de los seis años. Se habla también de la “enorme” creación de empleo, pero lo cierto es que los asalariados que trabajaban en el Sector Privado, al cierre del año 2007, justo antes de la crisis, eran 14,12 millones, mientras que, al cierre del año 2017, son 12,85 millones; es decir, el empleo “bueno” ha disminuido en más de un 9% (a los funcionarios, que sí que han subido, tienen que pagarles el sueldo los que trabajan en el sector privado; y los autónomos que sí que han subido y mucho, es porque no les ha quedado otra vía que trabajar “freelance” o bien ser lo que se denominan falsos autónomos).
Las rentas salariales han evolucionado todavía peor, puesto que, en términos reales, la participación de las rentas del sector privado en el PIB ha disminuido más de dos puntos desde que Rajoy tomó el poder; concretamente, ha pasado del 49,69% al 47,49%. La relación entre los sueldos de los asalariados del Sector Público y el Sector Privado en el “periodo Rajoy” ha sido también bastante negativa, puesto que, a pesar de lo que se quejan los funcionarios, los sufridos españolitos “de a pie” que trabajan en el Sector Privado, han visto como su salario en términos reales (vamos, su capacidad adquisitiva), ha disminuido un 7,69% en los seis años de mandato del Sr. Rajoy, mientras que, en el caso de los funcionarios, se ha incrementado en un 2,91%. Prácticamente, se ha incrementado en un 10% el diferencial de salario entre funcionarios (48.191 € de media en el año 2017) y el de los trabajadores del Sector Privado (31.481 €), un 53% más, según datos de la EPA y del INE.
Por tanto, existe una gran desigualdad entre los diferentes colectivos españoles. No parece lógico que el hecho de trabajar en el Sector Público tenga una prima salarial tan significativa, al igual que tampoco tiene sentido que las rentas del trabajo tengan un peso en el PIB inferior a la mitad y descendiendo. Eso no ocurre, por ejemplo, con las rentas de la propiedad, es decir, los cupones y dividendos que reciben los rentistas. Basta con que nos concentramos en el tramo superior de la declaración de la renta. Los que ganan más de 601.000 € al año, han sido en el año 2016 (último publicado) 8.481 personas, las cuales han cobrado un total de 3.419 millones de euros en cupones y dividendos, es decir, 403.136 € de media por persona, al margen de su renta por nóminas, actividades empresariales y demás, y teniendo en cuenta que llevamos ya tiempo con tipos de interés negativos y con unos rendimientos por dividendo que no han sido muy elevados. Y, por supuesto, no se están teniendo en cuenta los rendimientos de las SICAVs, ya que estos prácticamente no tributan.
En el otro lado de la balanza, están los declarantes que son mileuristas o nimileuristas, es decir, los que declaran menos de 12.000 € de renta anual, que suponen más del 40% del total de declarantes por renta. En el año 2016 fueron 7.661.509 personas las que declararon estas rentas en el IRPF y, por supuesto, muchos más que no lo han hecho por no estar obligados a declarar. La renta media anual de estos declarantes ha sido de 7.626 €. Estos asalariados y jubilados cobran prácticamente una renta de subsistencia, lo cual contrasta con lo que cobran los funcionarios o los afortunados que tienen unas rentas importantes de propiedad. Es más, si tenemos en cuenta los rendimientos en términos reales con base en el año 2003, año en el que comenzó a publicarse la estadística de declarantes de IRPF, el rendimiento medio anual per cápita ha disminuido en más de un 25%, pasando de 7.954 € a 5.955 €, lo que supone una más que clara disminución de capacidad adquisitiva del segmento menos favorecido de nuestra sociedad.
El resultado es que la riqueza en España se concentra en muy pocas manos, no más de diez mil familias, que obtienen unas rentas medias anuales por encima del medio millón de euros, mientras que un 40% de la sociedad tiene una renta media anual por debajo de los 8.000 €, y eso los que declaran en el IRPF, que los que están desempleados o no están obligados a declarar serán muchos más. El número de beneficiarios del bono social eléctrico, vamos los que apenas pueden pagar la luz de sus casas, eran unos 2,5 millones hasta el último cambio de legislación, que parece ser que ha endurecido las condiciones de acceso de los hogares a esta prestación.
Las conclusiones son evidentes. España se divide en cuatro grupos sociales, los que viven muy bien (92.000 familias declaran una renta anual superior a los 150.000 €), los que viven muy mal (los 7,66 millones de mileuristas junto con los varios millones que ni declaran a Hacienda), los que obtienen una renta que les permite subsistir (4,8 millones de familias que cobran al año entre 12.000 y 21.000 €) y las denominadas clases medias (unos 7,1 millones de personas que cobran entre 21.000 y 150.000 €), que son las que corren con el peso de la presión fiscal global del Estado. Las desigualdades se agravan por el diferente trato de la fiscalidad a las rentas del trabajo (marginal del 45%) y las rentas del capital (marginal del 23%) y los patrimonios de las SICAVs (1%). En suma, una España anclada en una desigualdad estructural, con la que parece que se sienten muy cómodos nuestros políticos, y que va camino de convertirse en una nota conceptual característica de la sociedad española.
A lo anterior podríamos añadir la quiebra del sistema de pensiones, un incremento del 50% en la deuda pública en los seis últimos años, el ser el único país europeo que sigue dentro del protocolo del déficit excesivo, y el hecho de que, después de diez años desde que empezó la crisis, seguimos teniendo tres millones y medio de parados, cuya única esperanza es conseguir algún día ser mileurista. En fin, este es el legado de Mariano Rajoy Brey, que ya nos indicó el día de su despedida que se sentía muy orgulloso de lo que había hecho por España y de cómo dejaba el país. Supongo que todo es opinable, pero yo como economista no hago juicios de valor, simplemente analizo cifras, y del análisis de las mismas, no se vislumbra otra cosa que un futuro muy comprometido y la necesidad de tomar decisiones drásticas para cambiar la deriva a la que se ha visto abocado nuestro país con la actuación de los dos últimos expresidentes. Supongo que algún día, en alguna de las caminatas a paso vivo que se dará el registrador de la propiedad en el paseo marítimo de Santa Pola, llegará a darse cuenta del verdadero alcance de su “legado”.