Los actuales Presupuestos Generales del Estado, ya sabemos que fueron elaborados por el Partido Popular y Cristobal Montoro como Ministro, aunque se aprobaron en junio de 2018, el mes que Mariano Rajoy y el PP perdieron el Gobierno por la sentencia del caso Gurtel. Ahora, una vez que esos presupuestos se han prorrogado por segunda vez y en un escenario económico inimaginable hace tan solo 2 años, nos encontramos con el futuro de España pendiente de la aprobación de unos nuevos presupuestos adaptados a la nueva situación, con 140.000 millones de euros pendiente en ayudas europeas y una urgente necesidad de reactivación de la economía, el crecimiento y la recuperación del empleo.
Esta es la realidad y estoy convencido que los responsables políticos que hoy están en la oposición lo tienen muy claro, pero lo que también está claro para algunos de estos “dirigentes” políticos, es que no aceptan al Gobierno legítimo y las derrotas electorales que les han puesto donde están. En España hoy tenemos un Gobierno de orientación progresista por haber obtenido la confianza de la mayoría del Congreso para gobernar durante 4 años, como establecen nuestras leyes, aunque algunos alienten la usurpación mediante acciones violentas al estilo de 1936. Para algunos actores políticos y para sus votantes, por encima del pueblo y las personas, están otras cosas que no aportan trabajo, alimentos, educación o sanidad pública. Será porque para estos, todas esas cosas las tienen garantizadas o tal vez, porque el odio les ciega y son incapaces de ver lo que está pasando en muchos hogares de nuestros pueblos y ciudades.
Esto me lleva a apoyar la teoría de la que la derecha en España sólo gana cuando pierde la izquierda, ya sea en las urnas o en el campo de batalla, por lo que su estrategia se basa solamente en destruir al adversario, en lugar de proponer una alternativa, que por otra parte, saben que no quiere la mayoría de españoles y españolas. Después de la sentencia del caso Gurtel y la utilización de una empresa para la guerra sucia contra otros partidos democráticos, tal vez habría que ir pensando en un ajuste en la “Ley de partidos” para poner coto a quienes van contra los intereses de la mayoría a cualquier precio.
Ya vimos como en Andalucía, esta estrategia le funcionó al Partido Popular, consiguiendo que la abstención impidiese al PSOE con Susana Díaz, a pesar de ser el partido más votado, formar gobierno frente al bloque de la derecha de PP, Ciudadanos y VOX. Muchos andaluces recordarán toda su vida no haber ido a votar aquel 2 de diciembre de 2018.
Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que coordinar la política nacional contra la COVID19 y tratar de frenar el impacto de la crisis en las familias y las empresas, pero tiene en frente a algunos dirigentes que son capaces de mirar a los ojos a la ciudadanía y decirles que quieren que se vuelvan a prorrogar los presupuestos de Montoro e incluso intentar forzar otras nuevas elecciones en medio de la pandemia. Para esto hay que ser muy de derechas y muy insolidario. España necesita dirigentes políticos sensatos y maduros, que sepan lo que es el sufrimiento de un padre que no puede comprar un libro a su hija, porque no tiene ni para comprar comida. Juventud y renovación generacional no es sinónimo de mejora y España necesita políticos que quieran trabajar para los demás, en lugar de nuevos políticos de cuna que solamente aspiran a intentar conservar un sillón para toda la vida.