Declaran que un 1% de la adjudicación de carreteras en la Comunidad de Madrid sirvió para financiar al PP

Declaran que un 1% de la adjudicación de carreteras en la Comunidad de Madrid sirvió para financiar al PP

Durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, la cláusula del 1% que se incluía en la adjudicación de obras sirvió para financiar al PP de Madrid. Es lo que sospecha el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica.

Por ello, después de una información revelada por eldiario.es, está interrogando a varios testigos acerca de este sistema para financiarse. Según cree, se desvió dinero para pagar las campañas electorales populares o hacia algún dirigente político.

Funcionarios de la Consejería de Transportes habrían encontrado prueba de esta presunta malversación, de modo que a principios de 2013, enviaron cartas en las que denunciaban estos “pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras” desde, por lo menos, 2009.

Las remitieron a Pablo Cavero, entonces consejero de Transportes, y después mantuvieron una reunión con Borja Carabante, su número dos y actual concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid. Aquellas misivas fueron ignoradas, pero, al poco tiempo, la cláusula desapareció.

Enrique López Álvarez, presidente de la Junta de Personal –una especie de comité de empresa de funcionarios-, fue uno de los firmantes de las cartas. Días después de ser desvelada la información, fue llamado a declarar ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). El juez García Castellón lo citó este pasado lunes como testigo.

Ante el magistrado, López Álvarez ratificó las sospechas que los directores de obra tenían, y que manifestaron a la Junta de personal, de que les estuvieran obligando a certificar gastos que no eran reales. Habían corroborado que las campañas de publicidad no se habían realizado. Asimismo, sospecharon porque las empresas adjudicatarias empezaron a pedirles permisos por esos gastos.

Así, en la carta que enviaron a la Consejería de Transporte, manifestaban que “este tipo de prácticas” iba en contra “de manera Fontal” con el “buen hacer, con atención a las leyes y sus reglamentos” de trabajo.

También se pedía el listado de empresas adjudicatarias elegidas sin concurso público por los ejecutivos de Aguirre y González, los importes destinados a la publicidad y los criterios de contratación.

En otro de los documentos remitidos se detalla que “la falta de control nos parece sumamente grave; en primer lugar porque no se puede exigir este pago de manera directa y, aparentemente, sin mediar ningún tipo de gestión por parte de los adjudicatarios, y en segundo lugar porque se atenta contra la libertad de mercado. Dichas prácticas se vienen llevando a cabo, al menos, desde el 2009 hasta la actualidad”.

Nunca llegó a reunirse Cavero con los funcionarios, respondió López Álvarez a requerimiento del magistrado. La reunión fue con Carabante, el viceconsejero, quien los recibió a gritos, algo que también fue ratificado por el testigo y había publicado eldiario.es.

Él no pudo asistir al encuentro, pero sí mantuvo una posterior reunión con Matilde García Duarte, entonces secretaria general técnica de la Consejería, para abordar este asunto.

La reunión con el viceconsejero tuvo lugar el 22 de abril de 2013 y en ella los funcionarios expusieron sus dudas por el cobro del 1%. Estuvieron presentes García Duarte y Eva García Camaño, subdirectora de personal que todavía lo sigue siendo.

Esa cláusula del 1% también se aplicó en otros contratos. Por ejemplo, para el anuncio de hospitales y carreteras, para publicitar simples trámites administrativos o, incluso, en contratos para empresas dedicadas a la redacción de proyectos.

Según afirman los funcionarios, las empresas que percibían ese 1% eran escogidas por el PP sin mediar concurso público. El juez instructor cree que los gobiernos de Aguirre, primero, y luego el de González decidían qué empresas de comunicación debían cobrar el porcentaje.

En el último auto judicial de García Castellón, el magistrado atribuye un desfalco de 3,07 millones de euros del erario público mediante estos supuestos contratos de “publicidad simulada” por la construcción de hospitales y centros de salud.

En el caso de los contratos de carreteras, todavía se está en la fase preliminar de la investigación. Sin embargo, en el auto del 2 de septiembre se dice que “se investiga qué personas se situaron detrás de las adjudicaciones e introducción de la cláusula de reserva del 1% en los pliegos de las licitaciones de transportes”.

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