Continúan las sombras acerca de la muerte de alrededor de 14.000 abuelos en el foco en el que más se ha cebado el coronavirus, las residencias de mayores. Han pasado tres meses desde que comenzara la epidemia en España y el Ministerio de Sanidad sigue sin dar una radiografía de lo que ha sucedido en los centros.
La residencia Monte Hermoso de Madrid fue la primera la que, de golpe, se acumularon los muertos, mientras Isabel Díaz Ayuso, la presidente regional, no sabía qué hacer. Morían diecisiete abuelos en tan sólo cuatro días.
A partir de ahí que empezaron a conocer más y más muertes en las residencias de toda España. Más de 18.000 personas murieron en geriátricos en los últimos tres meses con coronavirus o con síntomas compatibles de la enfermedad. Representan más de un tercio del total de fallecidos en el país.
Las mayores incidencias se daban en Aragón, Castilla y León, La Rioja, Cantabria y Asturias, además de en Madrid y Cataluña. Sólo en estas siete comunidades se concentra más del 50% de las muertes en residencias.
Lo cierto es que no hay cifras oficiales porque no se pueden confirmar, o al menos eso es lo que argumenta Sanidad. Cada semana recibe las cifras de los gobiernos autonómicos, pero hasta el momento no ha revelado ningún balance unificado. Tampoco explica por qué ese retraso.
“Tal y como ha explicado el ministro, Salvador Illa, los datos se han solicitado a las CCAA y cuando se disponga de todos ellos y se hayan analizado se darán a conocer”, señalan.
¿Algunas CCAA podrían no estar facilitando la cifra de abuelos fallecidos?
La falta de transparencia es total. No se sabe si lo que ocurre es que los gobiernos regionales no están facilitando estas cifras o si hay otro tipo de problema. Si no es posible homologar los números, por ejemplo.
De hecho, sobre todo los primeros días, no se les hacía la prueba PCR a los ancianos fallecidos. Bastaba con que hubieran tenido cualquier síntoma compatible con la enfermedad.
Por su parte, la Fiscalía ya cuenta con 186 denuncias de familiares, 87 de residencias, 21 de las cuales ya se han enviado a los juzgados. A finales de mayo el Ministerio Público ya había abierto diligencias para investigar 170 centros residenciales de mayores. El Gobierno de Ayuso es el que mayor número de querellas acumula.
A pesar de las negativas de la presidente madrileña y de su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acerca de un protocolo respecto al traslado de los abuelos a los hospitales madrileños, los familiares de los residentes lo conocían. Los propios médicos de los centros se lo dijeron telefónicamente cuando sus familiares enfermaban.
Para muestra, un botón de la página de Facebook de la residencia Casaquinta de Ciempozuelos, una de las intervenidas por la Comunidad de Madrid, todavía puede leerse lo siguiente. “El hospital de Valdemoro, por su propia saturación, no acepta ninguna derivación de la residencia y los medios con los que contamos son inexistentes”.
El protocolo de no derivación no solo se aplicó en Madrid
La situación se repite en Barcelona ante la saturación de los hospitales las decenas de muertos. La Xunta de Galicia ordenó que no se derivaran personas con dependencia severa obra dependencia. Lo mismo se hizo en Castilla y León.
Especialmente grave ha sido lo sucedido en Madrid, en especial por el alto nivel de incidencia del virus. A tal punto se ha llegado la crisis de gobierno es un hecho. Mientras que Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, asegura que tanto Ayuso como Escudero ignoraron sus advertencias.
De él dependían las residencias madrileñas hasta que fue despojado de ellas después de que la presidente delegara el mando único el consejero de Sanidad.
Lo cierto es que, con protocolo o sin él, al menos 6.007 ancianos han muerto en los centros residenciales de mayores de la región madrileña.