Croacia es denunciada por devoluciones en caliente

Croacia es denunciada por devoluciones en caliente

Kolinda Grabar-Kitarovic, la presidente croata, reconoció hace unos días que las autoridades de Croacia tienen la obligación de investigar las devoluciones en caliente de migrantes y refugiados a Bosnia y Herzegovina y procesar a quienes hayan incurrido en actos ilegales. Por ese motivo, la organización humanitaria Human Rigths Watch, HRW, ha emitido un comunicado en el que exige que se detengan “de inmediato” dichas actuaciones.

«Diario Progresista te necesita. Donar 12 €»

En una carta abierta a la presidente croata, recuerda que su organización ya ha alertado en ocasiones anteriores acerca de estas devoluciones y la violencia policial que se ejerce contra migrantes y refugiados en la frontera con Bosnia y Herzegovina. También lo ha denunciado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, así como el Consejo de Europa.

Según ha declarado Lydia Gall, investigadora para los Balcanes y los países del Este de la Unión Europea en HRW, “Zagreb tiene que poner fin a estas devoluciones ilegales y a la violencia contra los migrantes en sus fronteras”. “Las autoridades fronterizas croatas ha maltratado a cientos, quizás miles, de migrantes y solicitantes de asilo que merecen compensación y justicia”, hizo hincapié.

En diciembre de 2018, esta organización advirtió de que agentes fronterizos croatas habían capturado a varios migrantes. Los devolvieron a Bosnia y Herzegovina sin haber pasado por el correspondiente trámite. Además, algunos agentes emplearon la fuerza, asestando puñetazos y pateando a los migrantes, incluso a mujeres y niños.

Entonces, el Gobierno del país negó “todas las acusaciones de violencia y retornos sumarios”, dice HRW, y denunció que los testimonios publicados por ellos habían sido inventados con el fin de difamar a las fuerzas policiales.

Así, la ONG recuerda que las devoluciones en caliente sin que haya un estudio previo de sus necesidades de protección son contrarias “a la legislación de asilo de la Unión Europea, a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a la Convención del Refugiado de 1951”.

Igualmente, y pese a que desde julio de 2018 la agencia de control de fronteras de la Unión Europea, Frontex, tiene un sistema de vigilancia aérea en la frontera entre Croacia y Bosnia y Herzegovina y que no se han detectado irregularidades de los agentes croatas, HRW critica que “la declaración de la presidenta de Croacia pone en cuestión la eficacia de la misión de Frontex y su capacidad de cumplir su mandato de proteger los Derechos Humanos mientras contribuye al control de fronteras”.

En ese sentido, ha remarcado que la mandataria croata debe hacer “cumplir plenamente el derecho internacional y la legislación de la Unión Europea” y que la UE tiene que revisar la operación de Frontex de forma que se garanticen y protejan los derechos fundamentales.

“La Comisión Europea debería pedir a Croacia, como país miembro, que detenga el investigue los retornos sumarios de los solicitantes de asilo a Bosnia y Herzegovina y las acusaciones de violencia contra los solicitantes de asilo. La Comisión debería además iniciar acciones legales contra Croacia por incumplir la leyes comunitarias”, destaca la organización humanitaria.

“No es sostenible” que el gobierno croata se niegue a reconocer los abusos en las fronteras, señala Gall. “La Comisión Europea debe proteger la legislación de la Unión Europea y los derechos fundamentales en las fronteras externas con la apertura de procedimientos de infracción contra Croacia y solicitando a las autoridades que investiguen los abusos denunciados y den un acceso justo y eficiente al sistema de asilo”, finaliza la investigadora de HRW.

En 2016 se cerraron las fronteras de la llamada ruta de los Balcanes. Une las consecuencias es que miles de solicitantes de asilo quedaron atrapados, en su mayoría en Serbia. Estos trataron de hallar nuevos caminos con el fin de alcanzar la Unión Europea. Así, en Bosnia y Herzegovina, las llegadas de migrantes pasarán de ser menos de mil en 2017 a casi 22.400 al año siguiente, de acuerdo con datos de la Comisión Europea.

Actualmente, se calcula que hay unos 6000 migrantes y solicitantes de asilo en el país balcánico, donde sólo se ha concedido protección internacional a 17 personas desde 2008. 381 lo solicitaron en 2017.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.