Por Miguel Córdoba. Economista.
Llevamos ya una década conviviendo con “eso” de las criptomonedas; concretamente desde que se lanzaron los primeros bitcoins en el año 2008. Para la mayor parte de la población, esto de las monedas virtuales y la tecnología blockchain que las sustenta, no pasa de ser una curiosidad del mundo “ese” de Internet. Cosas de iniciados que dirían nuestros abuelos. Sin embargo, el mundo no parece ser consciente de que la Caja de Pandora se ha abierto y de que operar con criptomonedas no es un capricho de freakies, que también, sino un nuevo frente delictivo al que se tiene que enfrentar la sociedad, y que, desgraciadamente, la globalización y la falta de cooperación entre los diferentes países, especialmente los paraísos fiscales, puede crear un nuevo tipo de gansterismo digital, mucho más difícil de erradicar que el que surgió con la “Ley Seca” en los Estados Unidos en los años veinte.
Desde hace dos o tres años, se han empezado a comercializar las “Initial Coin Offerings” (I.C.O.s), operaciones financieras que son lanzadas por personas que desean financiar proyectos y, para ello, emiten su “propia” moneda digital, que es adquirida por diferentes inversores que, o bien creen en el proyecto y hacen un poco de mecenas, o bien piensan que esa criptomoneda puede subir de precio en el futuro como a veces les ha pasado a los bitcoins. Hasta aquí, la teórica puede hasta ser comprada por alguien, si dejamos aparte que estamos metiendo dinero en un proyecto que no controlamos y que lo que nos dan a cambio no es más que una entelequia digital.
El problema surge cuando las I.C.O.s se utilizan con mecanismo de blanqueo de capitales. Me explico; supongamos que el cártel mexicano de Sinaloa quiere vender 1.000 kilos de cocaína a la mafia del East End de Chicago. Hasta ahora, se entregaba la droga y en el mismo acto se recibían los maletines de dinero, con el consabido riesgo de que en el acto de entrega aparecieran los agentes de la DEA y se quedaran con la droga, el dinero y los detenidos. Pues bien, ese riesgo se puede eliminar con las criptomonedas. Supongamos que el cártel de Sinaloa organiza una I.C.O. en la que ofrece a través de un despacho de abogados una nueva moneda, llamémosla SINAL, al cambio de 100$ por moneda, y cuyo objetivo teórico es la acogida de las mujeres maltratadas en el norte de México. La oferta se emite obviamente de forma restringida y curiosamente son unos inversores “filántropos” de Chicago los que se quedan con las 100.000 monedas emitidas; en total, diez millones de dólares.
La droga puede ser enviada por los canales habituales, muchos de ellos especialmente imaginativos, y ser recibida en Chicago por los compradores, mientras que la transacción de las SINALs es perfectamente legal y se realiza el intercambio de dólares por criptomonedas, las cuales pasan a ser depositadas en uno de los custodios digitales habituales. Evidentemente, estas SINALs no vale nada, pero ¿a quién le importa? El cártel de Sinaloa ha ingresado diez millones de dólares sin necesidad de tener que blanquearlos luego en las Islas Cayman a setenta centavos por dólar y, además, se han ahorrado el riesgo del encuentro físico en el que hasta ahora intercambiaban billetes por el polvo blanco. Asimismo, se pueden negociar las condiciones de pago, es decir, la compra inicial del 50% de las SINALs, y cuando se reciba la droga, se compra el otro 50%, y encima la transacción es más pequeña, o bien, se buscan varios testaferros que hagan que la I.C.O. tenga diferentes suscriptores por menores importes, lo cual hasta daría más credibilidad a los que han organizado la operación.
El caso de la financiación del terrorismo es todavía más flagrante, ya que los terroristas necesitan muy poco dinero para montar sus bombas. Si una entidad fantasma emite una nueva moneda, llamémosla YIJAD, puede hacer pequeñas emisiones de esta criptomoneda en diferentes países, las cuales son adquiridas por alguna compañía de un emirato árabe. En cada emisión se pueden obtener unos cientos de miles de dólares que luego pueden dividirse en partidas de 50.000$ a entregar a cada célula durmiente en dicho país. Es muy difícil conseguir rastrear estas pequeñas operaciones de YIJADs, dado que ni están registradas las emisiones, ni son comercializadas. Simplemente se hace la emisión por Internet, se transfiere el dinero y las monedas van a un custodio digital. Luego los terroristas pueden comprar tranquilamente los componentes para hacer sus bombas y causar todo el daño que les apetezca en los países occidentales.
Las sociedades occidentales, y las que no lo son, se enfrentan a un problema mucho más grave que los que han vivido hasta ahora. Descubrir a un narcotraficante o a un terrorista era una labor policial que podía llevar más o menos tiempo, pero si se seguía el dinero y los documentos que soportaban la operación, se podía tener un cierto éxito, aunque en muchos casos ya sabemos que buena parte de la droga llegaba a sus destinatarios y algunas bombas estallaban. Pero si todo se organiza en un entorno digital, los expertos de la policía lo van a tener mucho más crudo, a pesar de sus innegables esfuerzos. Es preciso que la sociedad del siglo XXI se dé cuenta de que eso de la libertad de Internet tiene también sus riesgos, y que son muchos y muy difíciles de controlar. Cuanto antes empecemos a darnos cuenta del problema, más posibilidades de éxito tendremos. Por supuesto, que puede haber I.C.O.s que tengan su razón económica y que sean operaciones legales, pero registrémoslas, investiguémoslas y estemos seguros de que no esconden un soporte real que dé base a operaciones ilegales.