La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) reconociendo la inmunidad de Oriol Junqueras, líder de ERC, ha llevado a romper las negociaciones con el PSOE para encontrar los apoyos suficientes que faciliten la investidura con Pedro Sánchez.
Más que una ruptura es un parón, a la espera de que la Abogacía del Estado se pronuncie a favor o en contra de excarcelar al dirigente independentista para que pueda llevar a cabo sus trámites como eurodiputado electo.
Por el momento nadie, salvo los soberanistas, se ha manifestado, todo apunta a que el departamento dirigido por Consuelo Castro Rey, dependiente del Ministerio de Justicia, lo hará a favor de la excarcelación temporal, toda vez que ya en su momento lo hizo en ese sentido y fue el propio Tribunal Supremo (TS) quien tumbó la posibilidad.
Prácticamente es este escollo la causa por la que las negociaciones han sufrido un frenazo. Es probable que algún sector, aun minoritario de la formación republicana catalana, esté forzando la máquina para ahogar de un modo u otro lograr un acuerdo que facilite un Gobierno progresista.
El Supremo estudia ahora si es necesario dejar en libertad temporalmente a Junqueras tras la sentencia o ya no es necesario puesto que el escenario es completamente distinto a aquel en el que se produjo la situación sobre la que el jueves dictó el TUE. Por eso, ha pedido opinión a las distintas partes, entre ellas la Abogacía del Estado.
Con todo, fuentes gubernamentales señalan que lo que pide ERC no puede, ni debe, ir más allá de una declaración de principios jurídicos por parte de la institución de Castro Rey. Un pronunciamiento que presumiblemente coincidirá, al menos en el fondo, con lo dictado por el Tribunal Europeo.
Igualmente, estas mismas fuentes consideran que lo hará sin forzar sus postulados previos porque ya en junio se prenunció a favor de la salida temporal del líder de ERC para realizar los trámites como electo.
“Las sentencias se acatan y se cumplen, y no hay más, no hay otra”, indicó Carmen Calvo, la vicepresidente del Gobierno en funciones. Añadió que la sentencia del TUE obliga al TS a reinterpretar qué debe hacerse ahora.
Cabe recordar que cuando Junqueras pidió acudir a tramitar su condición como eurodiputado se estaba en pleno juicio del procés y se le negó, pese a la tesis de la Abogacía del Estado, porque podría trastocar el ritmo y el fondo del proceso. Ahora, el líder republicano está condenado en firme a 13 años de prisión. El contexto, por tanto, es distinto.
La consecuencia inmediata, al margen de las cuestiones judiciales, que llevarán su curso, es que la investidura, de producirse, difícilmente podrá ser antes de terminar el año, como quiere el Ejecutivo. Sin embargo, si todo llega a buen puerto y el sector republicano opositor no crece, habría investidura antes de Reyes o justo después.
Entretanto, en el congreso que este fin de semana celebró ERC de facto renunciaron a la vía unilateral, aunque no lo hayan hecho formalmente, ni hayan renunciado a un referéndum, algo que no extraña entre los socialistas porque, como dicen, lo llevaban en su programa.