Convergència (y PDeCAT) imputados por la Audiencia Nacional por el caso 3%

Convergència (y PDeCAT) imputados por la Audiencia Nacional por el caso 3%

Ambas formaciones son “una misma realidad”, según el juez.
El magistrado de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha decidido investigar a PDeCAT, como heredera de Convèrgencia, y a ésta por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, en el marco del caso 3% acerca del presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública en Cataluña. El juez entiende que ambas formaciones son una misma realidad, aunque el PDeCAT no había sido constituido cuando supuestamente se cometieron los hechos investigados.
De la Mata ha analizado la conexión entre ambas formaciones y ha concluido que el PDeCAT tiene la misma estructura, funcionamiento, recursos humanos y materiales de CDC y que en muchos casos sigue siendo el titular oficial de los recursos. Tal es así, que los trabajadores prestan sus servicios a la formación ex convergente a pesar de estar en nómina de Convergència, o que, de los 42 inmuebles de los que ésta es propietaria, son utilizados 37 como sedes del PDeCAT. Asimismo, el juez dice que las cuentas oficiales de ésta en las redes sociales son las mismas que usaba CDC, pero cambiado el nombre.

PDeCAT se fundó para eludir responsabilidades
El magistrado de la Audiencia Nacional entiende que los responsables de Convergència constituyeron en 2016 el nuevo partido para “desconectarse” de las responsabilidades penales en las que podrían haber incurrido, pero tan solo es una “mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad”.
De la Mata explica en su auto el proceso por el que CDC, supuestamente, se financió ilegalmente durante, como mínimo, 11 años, utilizando a las fundaciones Catden y Forum Barcelona, vinculadas a la formación política, como “sociedades interpuestas” mediante las cuales llegaban comisiones como si fueran donaciones de las empresas adjudicatarias de contratos públicos.

Más de un millón de euros en comisiones
Así, el juez sospecha, de momento, de una cantidad total de 218,7 millones de euros de licitaciones en proceso de investigación. Las adjudicaciones definitivas sumarían un total de casi 175 millones de euros, según el magistrado, ya que 168,7 millones serían los correspondientes al inicio, a los que se añadirían 1,7 millones de los modificados de proyectos y 4,5 millones de las prorrogas. De la Mata cree que las donaciones irregulares vinculadas a esas licitaciones suman más de un millón de euros.
Entre los argumentos que esgrime el juez para imputar a CDC, figura que el partido no tenía ningún sistema de control interno, de forma que se garantizara su adecuada intervención y la contabilidad de sus operaciones, algo que queda reflejado en los informes de la auditoría interna de Convergència y que también se subraya en los informes del Tribunal de Cuentas. En consecuencia, el magistrado considera que los responsables de la formación eran conocedores de las irregularidades en sus sistemas de financiación, algo que se ha mantenido en el tiempo y era normal, independientemente de quién ocupara la dirección del partido.

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