Finalmente, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido dar un ‘golpe blando’ al Poder Legislativo y ha paralizado la tramitación en el Senado de las enmiendas que le afectan directamente.
Seis votos, de la mayoría conservadora, frente a cinco, del ala progresista, ha sido el resultado de la votación, con una resolución de dudosa imparcialidad.
Según fuentes del Constitucional, los magistrados consideran que la tramitación parlamentaria causa un daño de difícil reparación a los derechos de los legisladores del PP.
Los populares invocaron el artículo 23 de la Constitución, que recoge el derecho a la participación política de los ciudadanos a través de sus representantes.
El Senado iba a debatir y votar el próximo jueves las dos enmiendas que afectan a la renovación de los magistrados del TC cuyo mandato expiró.
Tras el paso que ha dado el Constitucional, Alfonso Pérez Camino, secretario de Justicia del Pleno, deberá entregar personalmente la decisión adoptada en la Cámara Alta.
Previo a esta decisión, este lunes se celebró un Pleno extraordinario para debatir, entre otros asuntos, si admitía a trámite el recurso de amparo interpuesto por el PP contra las enmiendas que afectan a la propia Corte de ‘garantías’.
El pasado jueves aplazó el Pleno porque la parte progresista amenazó con no presentarse si no contaba con más tiempo para analizar el recurso popular. Si no acudían esos cinco magistrados, no habría podido celebrarse al no contar con el quórum requerido.
Así, el ala conservadora del TC preparaba el terreno para asestar un ‘golpe blando’ al Poder Legislativo. No se apartaron ni Pedro González-Trevijano, presidente del Constitucional, ni el magistrado Antonio Narváez.
Recusados dos magistrados del Constitucional
A ambos los recusó, primero, Unidas Podemos y, luego, el PSOE. De este modo, los votos de ambos jueces (conservadores) fueron decisivos tanto para admitir el recurso del PP como para rechazar las recusaciones.
Sí se admitieron las peticiones de personación de los morados y los socialistas.
Por tanto, los seis votos del ala conservadora se impusieron sobre los cinco de la parte progresista. De esta forma, se admitió el recurso y se rechazaron las recusaciones.
Es decir, los magistrados cuyo mandato caducó consideran que son los adecuados para decidir acerca de su validez.
A continuación, el Pleno del Constitucional debatió acerca de la suspensión del debate, ya en el Senado, de las enmiendas.
Las medidas cautelarísimas que pide el PP perseguían bloquear la aprobación definitiva de las enmiendas y, así, mantener la mayoría conservadora en el TC.
Cabe recordar que el mandato de cuatro de los magistrados de la Corte de ‘garantías’ expiró en junio. Entre ellos, precisamente, el de González-Trevijano y el de Narváez.
Justo es ese el argumento esgrimido por Unidas Podemos y el PSOE para recusarlos, al considerar que son parte interesada.
De hecho, los dos candidatos que el Gobierno propone vendrían a sustituir a ambos magistrados.
Accede a esas medidas urgentes se da una situación inédita en los más de 40 años de historia del TC. Nunca antes había paralizado un debate parlamentario en las Cortes Generales.
Paradójicamente, el Constitucional está incumpliendo la ley y atenta, al menos en el fondo, contra la Carta Magna que obliga a renovar la Corte de garantías.
¡Fuera de la judicatura los jueces fascistas!
Cuentan los mentideros de la carcunda mediática, al contrario, que el Constitucional evita su intento de control. Todo es argumentable, por absurdo que parezca, y la razón en que se apoya esta propaganda es justo el simétrico negativo de la realidad creada por los grupos reaccionarios, que es una tradición estratégica desde siempre en ellos: el del control ilegitimo que, en este caso, llevan realizando en el poder judicial, -en CGPJ desde hace cuatro años y más de seis meses en el Constitucional- incumpliendo la Constitución que, por otro lado dicen defender para encubrir la maniobra.
Puede que algunos se extrañen y que otro se nieguen a reconocerse en su esencia, pero es lo característico de esta derecha particular que siempre ha atentado contra la evolución democrática en nombre de la Patria y la libertad. Los mismos jueces que han bloqueado el Constitucional controlándolo desde la derecha; contra la Constitución y mediante el marco kafkiano de una burocracia apócrifa imposible; se han permitido desde la ilegitimidad correspondiente dictaminar sobre sus propios intereses y condiciones, terminando por demostrar con su sentencia el objetivo de sus fines y socavado de la democracia, y demostrando la politización que dicen querer evitar.
Nada nuevo si tenemos en cuenta que los 50 últimos pronunciamientos que este país ha sufrido en los 200 últimos años,- que no son ni uno ni dos-, prácticamente todos atienden a este mismo mecanismo de sostener el privilegio desde la derecha.
Lástima que un análisis tan sencillo por obvio escape a la comprensión de los millones de españoles votantes de esta derecha incivil, desnortada y que tanto daño hace a España y a la democracia.
Esta incomprensión está en relación directa con el nivel cultural y político de estos votantes.
En el proceso denominado Transición no se tocaron ni el poder económico, ni el Ejército, ni el poder Judicial. Ahora es evidente que estos poderes forman parte de ese neofranquismo. Nuestra democracia tiene todavía mucho camino por recorrer,
La diversidad de las ideas no debieran ser consideradas como «incomprensión» cuando no siguen el dictado de ciertos dogmas…