El Congreso blinda el aborto frente a protocolos antiabortistas

El Congreso blinda el aborto frente a protocolos antiabortistas

El Congreso de los Diputados ha ratificado este jueves una enmienda a la reforma de la ley del aborto blindando este derecho frente a protocolos antiabortistas, como el que Vox quiso imponer en Castilla y León.

Unas actuaciones que provocaron que el Gobierno interviniera y enviara a la Junta de esa Comunidad Autónoma un requerimiento y recordando la ley.

Dicha enmienda se introdujo al paso de la norma por el Senado y este jueves la ha aprobado el Pleno de la Cámara Baja con el apoyo del PP.

El resultado de la votación fue de 279 votos a favor, 51 en contra y 7 abstenciones.

Es una enmienda transaccional del PSOE sobre otra de Más País que firmaron todos los grupos de la ponencia, incluso los populares.

Así, la norma señala en su artículo 24 que las administraciones tienen la obligación de “garantizar el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de esta ley”.

“Especialmente, velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo”, contempla.

Sólo hay una excepción: “la información clínica imprescindible y pertinente”.

Además, el Congreso ha aprobado varias enmiendas al preámbulo y otros artículos. Por ejemplo, se refuerza el rol del Defensor del Pueblo al que pueden acudir las personas cuyos derechos sexuales y reproductivos se vulneren.

Asimismo, que los servicios de asistencia integral especializada y accesible se adapten a las lenguas oficiales de las regiones.

A su vez, sin votos en contra y con Vox absteniéndose, una enmienda transaccional con carácter técnico al artículo 31.

Es el relacionado al aborto forzoso y la esterilización y anticoncepción forzosa, “por calidad normativa en la redacción”.

Al mismo tiempo, ha rechazado una enmienda que propuso Compromís. La formación valenciana pretendía que los centros sanitarios proporcionaran “el método quirúrgico o farmacológico, de acuerdo con los requisitos sanitarios de cada uno”. Igualmente, informado “a la mujer sobre los procesos y sus efectos secundarios”.

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