Los políticos centran ahora sus discursos en los miles de ancianos que murieron a causa del coronavirus. Especialmente, en los 6.007 que fallecieron en las residencias de Madrid. Arrecia la batalla política en el cruce de acusaciones entre Alberto Reyero y Enrique Ruiz Escudero, Políticas Sociales y Sanidad, respectivamente de la Comunidad que reside Isabel Díaz Ayuso.
Se llega tarde. La primera alarma salta el 4 de marzo por la noche en la residencia La Paz. Allí, un centro público con 80 residentes en el distrito de Salamanca. El hospital Gregorio Marañón informa de la muerte de una mujer de 99 años ingresada la semana anterior. Ese mismo día se registraron en Madrid 76 casos positivos y cinco de ellos tienen que entrar en la UCI.
Al día siguiente, se informó de un brote en el centro que afectaba a por lo menos once mayores más. Se trata entonces al personal de mascarillas, según AMAS, la agencia de residencias públicas.
El día 6 es en el que Políticas Sociales y Sanidad envían un protocolo a las 475 residencias de la Comunidad con medidas de prevención e higiene. 52.000 ancianos había en ese momento en las residencias madrileñas.
El domingo 8 es el último día que muchos familiares vieron a sus mayores. El lunes quedaban restringidas las visitas. El 12 de marzo, Escudero anuncia una serie de medidas, como la medicalización de las residencias.
Esto dejaba en evidencia que éstas no estaban preparadas para asistir a pacientes porque se conciben como espacios de cuidados, no de cura.
La muerte masiva de ancianos comenzó el 17 de marzo
El 17 de marzo se disparan ya todas las alarmas por la primera muerte masiva en un centro, el Monte Hermoso. 19 mayores, al menos, perdían la vida en pocos días. A partir de ahí, comienza a saberse de 10, 20 o 30 muertes en cada centro en otros brotes.
En ese contexto, con los hospitales madrileños saturados, se crea un grupo de 22 geriatras de enlace para decidir quiénes sí y quiénes no son admitidos en los hospitales procedentes de residencias. En un periodo de siete días, entre el 18 y el 25 de marzo, la Consejería de Sanidad elabora hasta siete versiones distintas del protocolo.
Mientras, habiéndose filtrado, Reyero advierte de las graves consecuencias, incluso penales, que podría suponer aplicar ese protocolo. Tanto Escudero como la presidente Ayuso desoyen sus advertencias. Entretanto, el consejero de Políticas Sociales insiste en que las residencias están abandonadas a su suerte y pide refuerzo médico. Pero solo el consejero de Sanidad puede proporcionárselo.
De nada sirvió la orden del Ministerio de Sanidad de que las residencias se dividieran en cuatro áreas según la situación de cada anciano. Entre otras cosas, porque en algunas no es posible de cumplir por el tamaño de las instalaciones.
Tampoco sirvió la intervención en las residencias privadas por parte de la Comunidad de Madrid desde el 1 de abril. Las “intervenciones” consistían en realidad en que un inspector pasa parte del día en el centro, pero sin asumir función alguna de los directores.
Desde mediados de abril, aliviada en buena parte la situación en los hospitales, estos comienzan a recibir ancianos procedentes de residencias. Un portavoz de la Consejería que dirige Escudero asegura que el servicio de emergencias regional ha trasladado a 9.632 ancianos a hospitales de la región.