Manuel García Castellón, juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, deberá decidir en breve si, como pide la Fiscalía Anticorrupción, imputa a BBVA por el espionaje que reveló José Manuel Villarejo.
Así, la entidad bancaria podría tener que responder por la investigación que encargó al ex comisario al constructor Fernando Martín y Luis Portillo, ex presidente de Colonial. Ésta se inició en 2009, pero se desarrolló a lo largo del año siguiente. También ordenó espiar a la asociación de consumidores Ausbanc en 2012 y, en febrero de 2017, hizo lo mismo para saber de Francisco González, entonces presidente del banco.
Al tratarse una persona física, la entidad bancaria no puede recibir una condena de prisión. No obstante, sí puede ser condenada a su liquidación total, a que deje de llevar a cabo su actividad o prohibir que continúe con una parte del negocio, lo que puede incluir también el cierre sus locales. En ningún caso, su imputación no implica a los consejeros ni a ningún alto cargo.
Con todo, el juez instructor investiga “a todo el mundo”, incluido el propio Francisco González. Dicha investigación no se hace sobre quién puede estar involucrado sino sobre si los elementos son suficientes para incriminar a alguna determinada persona.
Se da la circunstancia de que el Código Penal no incluyó la posibilidad imputar a empresas hasta 2010. En consecuencia, BBVA no tendrá que responder por cuestiones anteriores a ese ejercicio. Es decir, no se le puede juzgar por el presunto espionaje a Sacyr, puesto que fue encargado en diciembre 2004 y se desarrolló en los primeros meses de 2005.