En febrero de 2018, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, anunció la preparación de un ambicioso plan del Ayuntamiento para acabar con todas las discotecas y clubes de la zona del litoral. “El ocio nocturno ha generado problemas de convivencia y era necesaria actualizar esa relación”, dijo entonces, cuando presentaba su proyecto de reordenación de la costa de la Ciudad Condal, con un presupuesto de 39 millones de euros.
En mayo de este año, Gala Pin, la concejal del distrito de Ciutat Vella, convocó a los medios para anunciar que el ayuntamiento ha y el gobierno habían llegado un acuerdo para cerrar las discotecas cercanas a la par de Barcelona y ampliar allí las instalaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
A pesar de ello, año y medio después del anuncio de Colau y casi cuatro meses después del de Pin, la promesa está en el aire, según publica eldiario.es. A día de hoy los clubes en la zona siguen a pleno rendimiento y el propietario de los terrenos, el Gobierno, ha renovado la concesión, por lo menos, hasta junio de 2020.
A finales de 2016, el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo con la Generalitat para la cesión de la gestión del Puerto Olímpico en 2020. El consistorio barcelonés pretendía conceder una prórroga de dos años a los restaurantes y cerrar las cerca de 20 discotecas de la zona en abril.
En este momento, fuentes del Departamento de Territorio de la Generalitat cuestionan que se termine cediendo el control del Puerto Olímpico a Colau. De hecho, Janet Sanz, teniente de alcalde, y Damià Calvet, conseller de Territori, señalaron a primeros de este agosto que el traspaso se aprobaría “en septiembre u octubre”.
El acuerdo, efectivamente, y está muy avanzado, pero sobrevuela la posibilidad de elecciones anticipadas en Cataluña. “La sintonía entre Calvet y Sanz es buena, pero nadie puede anticipar que ocurrirá en el Govern en otoño cuando se publique la sentencia de los líderes del procés”, admiten dichas fuentes.
A día de hoy, el cierre de las discotecas se antoja complicado. Un estudio de la Universidad Rovira i Virgili que encargaron los propios locales del Frente Marítimo, donde se ubican los siete negocios -dos restaurantes y cinco discotecas- indica que en 2017 recibieron más de un millón y medio de visitantes. De ellos, el 75% eran turistas. Además, se emplea a 1.300 personas, entre trabajos directos e indirectos, y se calcula que la facturación ascendió a alrededor de 60 millones de euros.
Jordi Giró, presidente de la Asociación de Vecinos de la Vila Olímpica, cree que “el anuncio de Pin en mayo fue de un brindis al sol”, “electoralista”. “El Ayuntamiento debe liderar esta transformación y tenemos la sensación de que no lo está haciendo”, señala. Es cierto, según admite Giró, que la ciudad debe contar con espacios para el ocio nocturno, pero no deben estar todos en el mismo lugar.
Problemas de seguridad y quejas de los vecinos vienen provocándose por la alta concentración de este tipo locales, a pesar de que la zona residencial está alejada de los clubes. El problema se genera en las calles limítrofes y en los accesos al metro.
En la zona fue asesinada una turista en una pelea en julio. Se han cometido dos violaciones en lo que va de 2019 y en febrero de 2018 se produjo un tiroteo en la puerta de una de las discotecas. Las peleas son habituales, así como los robos.
Todo ello a pesar de que los dueños de los locales han puesto vigilantes de seguridad para patrullar las calles adyacentes. Con todo, uno de los vigilantes indicaba que su presencia “es más disuasoria que otra cosa y nos encargamos de avisar a la policía cuando ocurre algo”. “Realmente poco puedo hacer yo en la calle”, añadía.
Debido al aumento de la inseguridad, el consistorio barcelonés ha dispuesto un “plan de choque”, con una mayor presencia de furgonetas de antidisturbios patrullando durante la noche. “Desde hace un mes nos pasamos la noche aquí y está todo más tranquilo, pero los problemas se desplazan hacia la zona residencial”, relata un mosso d’esquadra.