Se trata de un delito contra las instituciones del Estado.
Hasta con cinco años de prisión se puede castigar a quienes intenten impedir a los miembros del Gobierno su asistencia a un Consejo de Ministros u obstaculizar para evitar que lleguen a la reunión, al estar consideradas esas acciones como un delito contra las instituciones del Estado. La condena será mayor o menor dependiendo de si las acciones son contra los asistentes o contra el lugar, así como si se emplea o no violencia, publica Europa Press.
Así queda reflejado en el Código Penal, en el cual se dice, según el artículo 503, que se podrá imponer una pena de entre dos y hasta cuatro años a quienes “invadan violentamente o con intimidación” el lugar en el que el Consejo de Ministros esté reunido, además de a quienes coarten o pongan obstáculos para su celebración.
Es el artículo 504 el que se refiere a impedir a los asistentes acudir al Consejo, de forma que podrán ser castigadas con entre dos y cinco años de prisión aquellas personas que empleen fuerza, violencia o intimidación.
Hay antecedentes de la aplicación de este delito y fue precisamente en Cataluña en 2015. entonces, el Tribunal Supremo condenó a tres años de cárcel a ocho personas tras asediar el Parlament, impidiendo la entrada de más de una decena de parlamentarios. Entre ellos, Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, que vio cómo su coche oficial era golpeado y zarandeado, viéndose, finalmente, obligado a entrar en la Cámara en helicóptero.
Hoy se reúne el Consejo de Ministros en la Llotja de Mar, lugar al respecto del que Elsa Artadi, portavoz del Govern, ha dicho que “si la preocupación del Gobierno es la movilidad, la reunión en medio del centro de Barcelona seguramente no es la mejor opción”.
Se prevén incidentes simultaneos en varios puntos de Cataluña y grandes problemas de movilidad por las numerosas movilizaciones convocadas. Por ello, se han desplegado 9.000 efectivos policiales. Contarán con el apoyo de casi 1.000 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, en 15 grupos de la Unidad de Intervención Policial y 200 guardias civiles del Grupo de Reserva y Seguridad desplazados desde toda España.
Los principales garantes de la seguridad serán los Mossos d’Esquadra. Los mandos de los tres cuerpos, Mossos, Benemérita y Policía Nacional, se concentran en una misma sala de la Consellería de Interior desde donde coordinarán el dispositivo alrededor del Consejo de Ministros para proteger el edificio donde se celebra, así como la Delegación del Gobierno y la Jefatura Superior de Policía. También se vigilan las infraestructuras ante los anunciados cortes de carreteras o vías del tren.