El cierre de la UCI del Hospital de Pontevedra ha llenado de estupor una situación de degradación de la sanidad pública gallega que viene produciéndose desde hace años con autorización de la Xunta de Galicia.
Sorprendentemente, la dirección del Hospital Montecelo de Pontevedra tomó el pasado miércoles la decisión de trasladar a los pacientes de la UCI al área de reanimación. ¿Para qué?, se pregunta el personal sanitario.
Cuál ha sido la sorpresa para todos que la decisión, autorizada por la consejería, es hacer obras «ahora que casi no hay accidentes». Ha sido precisamente los trabajadores de este hospital público quienes han denunciado la situación ante, no solo la pasividad, sino la respuesta de la Xunta apoyando la decisión del centro sanitario.
Mientras todos los hospitales españoles están doblando UCIs, ya no por la necesidad imperiosa que hay, sino por la posibilidad de un rebrote, la Xunta de Galicia decide cerrarlas a pesar de la alarma existente en el país.
Esta decisión se suma a un proceso de abandono de la sanidad pública gallega, emprendido por la Xunta, en beneficio de la sanidad privada. Según SOS Sanidade, en 2019 el Sergas prescindió de 450 camas, 513 médicos, 184 enfermeros y más de mil profesionales de toda índole.
Esto ha llevado a una situación de abandono hasta el punto de que, denuncian, las saturaciones en urgencias han provocado deceso que podían haberse evitado. Todo ello se suma al recorte de más del veinte por ciento en la Atención Primaria durante los últimos años y a un evidente proceso privatizador.
En ese sentido, la decisión del Hospital de Pontevedra de cerrar las UCI para hacer obras es, cuando menos, un insulto en toda regla ante la situación de desesperación que se está viviendo en toda España.