Cientos de contratos de la Comunidad de Madrid exigen una comisión para financiar al Partido Popular

Cientos de contratos de la Comunidad de Madrid exigen una comisión para financiar al Partido Popular

Casi 200 contratos suscritos entre 2009 y 2013 en la Comunidad de Madrid contenían la cláusula del 1% que está investigando la Audiencia Nacional. Los firmaron la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda o la desaparecida Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra).

No se encuentran entre ellos los suscritos por la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que también están siendo investigados. La cuestión es que no se encuentran las facturas ni se ha podido constatar que se utilizaran en la trama corrupta del PP.

De hecho, en respuesta a la petición de información de Sol Sánchez, diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, el Gobierno regional responde que “consultados los datos obrantes en dicha consejería, no existe constancia de facturas presentadas y pagadas por los contratistas entre los años 2009 y 2013 que contuvieran la cláusula con el texto que se indica en el literal de la iniciativa, ni cualquier otra que obligara al contratista a realizar gastos similares a los contenidos en dicha cláusula”.

Sánchez se cuestiona “¿cómo puede haber algo en un contrato y luego no aparecer facturado?”. “La respuesta genera intranquilidad y confirma las sospechas”, decía antes. “Esto ha sido un agujero negro y hay que asegurarse de que no lo siga siendo”, agregó.

“Se nos ha dicho en la Asamblea que la cláusula del 1% no existe desde 2013, pero queremos que lo certifiquen porque es un modus operandi que se repitió durante mucho tiempo”, avisa la diputada representante de Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie.

Todo ello respecto a la supuesta vinculación de las contrataciones públicas en la Comunidad de Madrid y la financiación de las campañas electorales del Partido Popular, algo que “la Audiencia investiga dónde estaba yendo ese dinero, y nosotros queremos depurar las responsabilidades políticas”.

Estos contratos que el Gobierno regional reconoce que existen se suscribieron durante las presidencias de Esperanza Aguirre, que gobernó entre 2003 y 2012, e Ignacio González, que lo hizo entre 2012 y 2015. Ambos han declarado ante el juez y negado cualquier implicación.

La investigación ha revelado con detalle el sistema con el que piensan que financiaba el PP las campaña electorales de entre 2003 y 2015 y por las que conseguían una mayoría absoluta tras otra, permitiendo a los populares detentar el poder durante esos años.

El juez instructor Manuel García Castellón en su auto de septiembre en el que se imputaba a Aguirre señalaba que “se aprovechó la existencia de contratos con elevados presupuestos que se iban a licitar desde algunas Consejerías de la Comunidad, como eran los de construcción de obras, para introducir una cláusula en los pliegos de los mismos que obligaba a la empresa contratista correspondiente a abonar hasta un 1% de su presupuesto total para la contratación de publicidad de la obra pública adjudicada”.

“Este fue el caso de las Consejerías de Sanidad y su ente adscrito, el Sermas, que habrían aprovechado el desarrollo del llamado Plan de Infraestructuras Sanitarias, que financiaba la construcción o reforma de nuevos hospitales y centros de salud, y también el caso de la Consejería de Transportes, que atendía el Plan que financiaba la construcción de nuevas carreteras, al amparo del cual los investigados simularon la necesidad de contratación de publicidad”, prosigue la resolución.

Explica que “en este segundo supuesto, el desvío del dinero público se producía a través de las empresas adjudicatarias de cada contrato, que se veían obligadas a incrementar la oferta que presentaban al concurso en ese 1% para publicidad a la que les obligaba el Pliego”. Incluso, sospecha que habría “muchas” facturas “con publicidad que no se realizó”.

Entre los contratos por los que García Castellón se ha interesado y reclama información, van desde los de construcción y explotación de 34 hospitales y centros de salud públicos, hasta de 16 proyectos de carreteras de la red de la Comunidad.

Los contratos de los hospitales llevarían incluida la cláusula del 1% para publicidad por un importe total de 3,07 millones de euros. Una parte de ese caudal habría ido a parar a la caja B del PP de Madrid.

El juez instructor sospecha también que los contratos de las carreteras también llevaban incorporada la cláusula, lo que habría supuesto una mordida de 746.500 euros que también habría ido a parar a los populares madrileños.

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