Las penas recaídas sobre los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán son tan exageradas, habida cuenta que no se llevaron ningún dinero, al mismo tiempo que no indujeron a la malversación dado que no existen pruebas solventes sobre su participación en dicho delito.
Con todo y con eso, los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla han condenado a Chaves con nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y a Griñán con seis años de prisión por malversación y prevaricación continuadas en el caso de los ERE.
Los jueces consideran que, además de los demás condenados, eran “plenamente conscientes de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participaron”. Los actos comenzaron cuando la el Gobierno de la Junta de Andalucía modificó el sistema de ayudas a empresas en crisis para responder más rápidamente a los conflictos sociolaborales existentes.
La “necesidad política” condujo a los dirigentes andaluces a poner en marcha un sistema ágil. “Tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”. El tribunal explica que “la decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del Gobierno” de Andalucía “en su conjunto”.
La Junta aprobó dos cambios presupuestarios, reduciendo las partidas establecidas legalmente para conceder subvenciones y dotó de fondos a otras inexistentes en el presupuesto inicial aprobado. Según los magistrados, eran “inapropiadas” para conceder subvenciones.
Éstas fueron pagadas desde 2001 directamente por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) mediante un convenio marco suscrito entre Antonio Fernández, presidente de este organismo y viceconsejero de Empleo, y José Antonio Viera, titular de esta Consejería.
Con el convenio en la mano, Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, podía ordenar al IFA el pago de las ayudas, aunque según la Audiencia Provincial de Sevilla “carecía de competencia legal para la concesión de subvenciones”.
De este modo, el Gobierno socialista de Andalucía evitaba el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en la tramitación de los expedientes de concesión de ayudas, a la vez que escapaba a la fiscalización de la Intervención General de la Junta, favoreciendo “un descontrol absoluto”, según la sentencia.
En ésta, se entiende que tanto Chaves como Griñán son responsables de dicho procedimiento. Del primero, dice que no solo sabía de ello, sino que lo permitió. Además, los jueces creen que era “impensable” que una decisión de tal magnitud fuera tomada sin la autorización del jefe del Ejecutivo autónomo. De ahí que se le atribuya un delito de prevaricación.
Del segundo, los magistrados dicen que fue autor de un delito de malversación por administrar deslealmente los fondos públicos. El ex presidente andaluz, según la sentencia, conocía los informes de la Intervención General de la Junta que no aprobaba el sistema de ayudas.
Sin embargo, no hizo nada para evitarlas y, como consejero de Economía, “asumió la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L -el fondo de los ERE- fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”, señala la resolución.
En la sentencia, conocida ayer, se condena también a otros 17 procesados. Antonio Fernández y José Antonio Viera, ex consejeros de Empleo, han sido sentenciados a siete años y 11 meses y siete años, respectivamente. Misma pena para Francisco Vallejo, ex consejero de Innovación, y seis para Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Economía.
Agustín Barberá, ex viceconsejero de Empleo, afronta siete años de prisión, igual que Juan Márquez y Javier Guerrero, ex directores generales de Trabajo. Magdalena Álvarez, ex ministra y ex consejera, y Gaspar Zarrías, ex consejero, han sido inhabilitados durante nueve años, igual que Chaves, por un delito continuado de prevaricación.
Nueve años de inhabilitación afrontan Javier Aguado y Juan Francisco Sánchez, ex secretarios generales de Empleo. Lourdes Medina, mismo cargo, a ocho años y seis meses de inhabilitación, igual que Jacinto Cañete, ex director general de la agencia Idea. Han quedado absueltos Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta de Andalucía, y Francisco del Río, ex jefe de los servicios jurídicos.