La proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y renovar, así, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siembra recelos en las dos principales asociaciones de jueces. Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –de talante conservador— como la Francisco de Vitoria critican la iniciativa de PSOE y Unidas Podemos.
Ambas señalan que la propuesta de socialistas y morados para cambiar la LOPJ y así desbloquear la renovación del CGPJ aleja a España de los parámetros de independencia judicial que imperan en la Unión Europea (UE).
Es más, la comparan con la llevada a cabo en Polonia y Hungría, donde gobierna la ultraderecha. Los Gobiernos de estos países han recibido varias advertencias de los tribunales y las instituciones europeas por ello. Consideran que se retrocede en la separación de poderes.
Desde APM, María Jesús del Barco señala que, entre las recomendaciones que envía a España el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), siempre está el modo en que se eligen los vocales del CGPJ. A ello se añade que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se ha manifestado en términos similares.
Por su lado, Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Francisco de Vitoria, abunda en ello. Tildó la propuesta de “auténtico despropósito”. “Establece un vínculo más fuerte con los políticos” lo que es justo lo contrario de la dirección en la que debe ir la reforma, a su juicio. De ser así, aumenta el problema, en vez de solucionarlo.
En cualquiera de los casos, la reforma plantea serias dudas acerca de su constitucionalidad. Del Barco advierte de que “pretender el bloqueo constitucional a través de una reforma con serias dudas de inconstitucionalidad es muy peligroso”.
La renovación del CGPJ con la reforma podría ser inconstitucional
Recordaba, así, la sentencia del TC de 1986 por la que se daba luz verde a que los vocales de extracción judicial fueran elegidos por las Cortes. El tribunal de garantías argumentó que la mayoría de tres quintos necesaria que establece la Carta Magna impedía la politización al forzar el consenso.
En cambio, Jueces para la Democracia, de talante progresista, muestra cautela en relación a la propuesta. Ascensión Martín, su portavoz, ha indicado que la posición de esta asociación es “la renovación en plazo del CGPJ”.
De igual modo, con el resto de órganos constitucionales cuyo mandato ha caducado, como es el caso del Tribunal Constitucional (TC), “con la ley actual”. En ese sentido cuestiona “hasta cuándo se tiene que esperar al que no se sienta en la negociación”, en alusión al PP.
Pablo Casado, líder de los populares, sigue negándose a negociar la renovación de dichas instituciones e, incluso, avanzó que recurrirá ante el TC. A juicio de Martín, esto es lo que ha llevado a Pedro Sánchez a plantear la reforma.
“Los políticos están para solucionar los problemas de los ciudadanos y no para crearlos, sobre todo en un momento como el actual, de pandemia”, añade.
Otra asociación, la Europea de Magistrados, también critica la reforma anunciada por PSOE y Unidas Podemos. Entienden que “España está dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia judicial”.
La propuesta es que baste mayoría absoluta para elegir a 12 jueces
Explican que la modificación de la LOPJ en el sentido que adelantaron socialistas y morados “aumentará el riesgo de influencia política indebida en el nombramiento de los miembros del Consejo y en el sistema judicial en su conjunto, dañando la percepción de la sociedad sobre una independencia judicial efectiva”.
Así las cosas, la proposición registrada contempla la elección de los 12 jueces de designación por parte de las Cortes con mayoría absoluta. Esto permitiría que un solo partido, si cuenta con esa mayoría, nombrara a la mayoría del CGPJ, mientras los ocho restantes podrían seguir caducados.
Con todo y con eso, la mayoría de los jueces ve solo “peligros” en la reforma propuesta. Ninguno se aventura a vaticinar que el Constitucional respaldará una reforma como la propuesta.
Las asociaciones de derechas no ven con buenos ojos esa reforma pero, no ven con malos ojos el bloqueo, poco constitucional por cierto de parte del partido de derechas, PP. En que queamos, ellos actuan de manera politizada o, se trata una vez mas de las dos varas de medir.