Castilla y León impone un impuesto a los residuos nucleares de Garoña

El Gobierno castellano-leonés prevé recaudar 10 millones de euros.
El Ejecutivo presidido por el popular Juan Vicente Herrera ha comenzado los trámites para implantar un impuesto por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña. Así, someterá a consulta pública modificar la normativa en materia de tributos propios y cedidos con el fin de incluir “un impuesto sobre el depósito de residuos nucleares”. Después de conocerse la intención de Nuclenor, empresa propietaria participada al 50% por Endesa e Iberdrola, de no continuar con la actividad por su inviabilidad económica, surgió la posibilidad de crear un impuesto por el desmantelamiento de la central nuclear. El cierre de la misma supone una pérdida de actividad económica y empleo en los municipios de la zona y, para afrontar la situación generada, las Cortes castellano-leonesas aprobaron en septiembre una proposición no de ley para que la Junta de Castilla y León implantara un tributo medioambiental. Con el desmantelamiento de la planta, los elementos combustibles gastados derivados de su actividad se almacenarán en las instalaciones, con lo cual, a juicio del Gobierno autonómico, “resulta oportuno establecer un impuesto basado en el impacto medioambiental del depósito de estos elementos combustibles”.
Con lo que se recaude se financiarán planes de actuación para la reindustrialización y la inversión en los municipios de la zona de Miranda de Ebro, donde se suma el desmantelamiento de la fábrica de palas de Gamesa. Pero ahí no acaba todo el asunto, ya que la Junta de Castilla y León e Iberdrola están enfrentadas por la decisión de la eléctrica de cerrar la central térmica de Velilla, en Palencia.
Plazos y debate en las Cortes regionales
Hasta el 9 de febrero está abierto el plazo para que aquellos que resultaran afectados por la norma expongan sus sugerencias y alegaciones. Aunque la recaudación de esos 10 millones de euros previstos no estaba incluida en la Ley de Medidas Fiscales y Financieras, la Junta sí lo hizo en los presupuestos para 2018. Comienza ahora el trámite parlamentario por el que el PP deberá conseguir los apoyos suficientes en las Cortes autonómicas para sacar adelante la nueva norma, algo que resultará fácil, ya que solo necesita un voto más.