Ocho semanas de estado de alarma es la “oferta generosa” que hace Pablo Casado, líder del PP, a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, para apoyar una prórroga ahora. “Salvar” la campaña de Navidad es su pretensión.
Entretanto, aprobar “de una vez” el marco legal adecuado mediante la modificación de la Ley Orgánica 3/86, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Una reforma que, a su juicio, podría estar lista para diciembre.
Una “oferta generosa” en una suerte de trapicheo sanitario al que el líder popular quiere jugar para “salvar” la campaña navideña, pero que, según parece, olvida que de lo que se trata es de salvar vidas y evitar contagios.
Ninguna evidencia científica señala que con ocho semanas sea suficiente para frenar la oleada de coronavirus. Ni siquiera que seis meses sean bastante. De hecho, hoy mismo varios expertos han apuntado que esas 28 semanas totales que propone el Gobierno pueden resultar insuficientes.
Se explica por el hecho de que no hay confinamientos domiciliarios ni paralización de las actividades económicas. En la Gran Reclusión de primavera se doblegó la curva y se bajó el devastador número de contagios oficiales en 14 semanas gracias al confinamiento total y aun teniendo en cuenta que abarcó buena parte de la desescalada.
Ahora, pese a todas las medidas preventivas y con la actividad económica en muchos casos al 50%, el virus se ha vuelto a desbocar. Por tanto, explican los expertos, hace falta más tiempo que diez semanas en total. Incluso, puede que mucho más.
Sin embargo, el líder de la oposición propone “salvar” la Navidad, algo que, tristemente, ya no se puede salvar para muchos debido a una Sanidad denostada y devastada por los sucesivos gobiernos del PP, en especial en la Comunidad de Madrid. Aquellos polvos llevaron a estos lodos.
Exige que el ministro comparezca ante el Congreso
Casado se ha marcado esta “oferta generosa” en la primera sesión del XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, inaugurado por el rey Felipe VI.
A su entender, el estado de alarma “no puede superar en ningún caso las ocho semanas” y debe estar sometido al control del Congreso. No es suficiente una comparecencia semanal de Salvador Illa, ministro de Sanidad, en la comisión parlamentaria del ramo.
El decreto del estado de alarma confiere a los gobiernos autonómicos la autoridad delegada en cada uno de sus territorios. Curiosamente, los que menos están haciendo para contribuir a doblegar la curva son los del PP, Madrid sobre todo.
Casado, una vez más, parece que pretende más figurar que ayudar. En este tiempo, dijo, ha “tendido la mano” al Ejecutivo y lo va a “seguir haciendo”. Eso sí, si se hace lo que su partido diga.
Luego, empezó en modo mitin al señalar que la vuelta a esta situación excepcional es la “constatación de un gran fracaso” en la gestión de la epidemia. Recordó las palabras de Sánchez cuando afirmó que se había “derrotado” al virus y “se podía salir de vacaciones y abrazar la nueva normalidad”.
“Está claro que o no se dijo la verdad o había otra agenda oculta más allá de dar una visión real de lo que estaba pasando”. Lanzaba, así, una nueva teoría de la conspiración.
Pero fue más allá al criticar la cogobernanza, acusando al Gobierno de “parapetarse” detrás de las Comunidades. Incluso, puso en duda la constitucionalidad de algunos aspectos del decreto como “agredir la separación de poderes al decir que no habrá control jurisdiccional en los actos de limitación de derechos fundamentales”. Pura desinformación.
La ceguera de Casado
En otro alarde de ceguera, destacó que la norma “contraviene las recomendaciones” de la Comisión Europea. Éstas aconsejan que esta excepcionalidad constitucional debe aplicarse durante el menor tiempo posible.
No es por cambiar de tema, pero también dice que se debe renovar el Consejo General del Poder Judicial y el PP lleva bloqueando la renovación dos años. Vamos, que barre para casa cuando le conviene.
Además, olvida que en Francia o en Italia, como ejemplos cercanos, nadie pone en duda el estado de alarma o su figura homóloga. Todos reman hacia el mismo sitio. Claro que tampoco dudan de la legitimidad de sus respectivos gobiernos.
Al final, las condiciones de Casado para apoyar una prórroga del estado de alarma se resumen en dos. La primera, que no dure más allá de ocho semanas. A su juicio en ese periodo se podría estabilizar –no doblegar— la curva y en las fechas festivas se puede “limitar la movilidad en los tres principales puentes que va a haber”. Es decir, Día de Todos los Santos, puente de la Almudena en Madrid y puente de la Constitución.
Asimismo, las ocho semanas contribuirían a “salvar” la campaña de Navidad y daría “tranquilidad” a los españoles, “sobre todo a los mayores”.
La segunda condición es “acometer de una vez el plan B jurídico”. Es decir, un “marco alternativo a la excepcionalidad constitucionalidad” que supone reformar la citada Ley del 86.
Si se hace mediante un trámite urgente, a “mediados de diciembre ya habría una legislación en vigor y no tendrían que estar dependiendo de la ratificación” judicial, aseguró.