Desde julio, Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, y Enrique López, el encargado de esta área en el PP, habían casi llegado a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Pedro Sánchez quiso entonces confirmar esa disposición de Pablo Casado a hacerlo y le escribió un WhatsApp. La respuesta del líder popular fue afirmativa y por el mismo medio.
No sólo renovar el CGPJ, sino todos los órganos constitucionales. Llegó agosto y ya había sobre la mesa varios nombres. Fue cuando Casado se echó atrás. Hasta ahí el relato de forma resumida, casi esquemática.
La idea era, de forma muy discreta, que dos personas de máxima confianza de ambos líderes fueran perfilando los detalles del acuerdo. Una vez cerrados, que fueran Campo y López quienes dieran el visto bueno final.
Desde el 20 de julio, así fue, con 12 contactos telefónicos durante ese mes y el siguiente y tres reuniones presenciales. Así, en agosto había un principio de acuerdo para renovar el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el consejo de RTVE y el Defensor del Pueblo.
Es entonces, tan solo un día después de la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo, y que desvelara el acuerdo, cuando el líder popular se echó para atrás.
En las filas del PP niegan que el pacto estuviera cerrado. Es más, retrotraen el cambio de posición a cuando estalla el escándalo a cuenta de la salida de España del rey Juan Carlos. Y, claro, a todo lo que vino después.
Mientras Unidas Podemos esté en el Gobierno no habrá renovación del CGPJ
Sobre todo por la actitud de Unidas Podemos sobre el rey emérito y la posterior imputación de la formación morada por su supuesta financiación irregular. Además, los ataques de Pablo Iglesias a la Justicia y a la Monarquía. Para el PP es inasumible y la presión de los sectores radicales del partido conservador y de la derecha mediática hizo mella en Casado.
El líder popular lo dejó claro el pasado miércoles en la reunión con Sánchez en Moncloa y en la posterior rueda de prensa. Mientras Unidas Podemos esté en el Gobierno, no habrá acuerdo.
El horizonte se antoja complejo. A finales de julio, ante los movimientos negociadores, se aplazaron los nombramientos pendientes. Fue por iniciativa propia de Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial y así lo comunicó a los 20 miembros del Pleno del CGPJ.
Ahora se está planteando retomar los nombramientos, que están pendientes desde hace casi un año y en un órgano cuyo mandato terminó hace casi dos. Sobre la mesa, entre otras, tres vacantes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que juzga el procés, y sus adláteres, y todos los casos de corrupción.
Problemas para componer salas
De hecho, ya hay problemas para componer salas cuando hay recusaciones. Un ejemplo sería si Carles Puigdemont volviera a España porque no sería fácil componer una sala que lo juzgara. Eso, a pesar de que desde noviembre de 2019 ya hay 29 candidatos examinados para esas vacantes.
Ya nadie se arriesga a aventurar qué sucederá después de dos fiascos. El primero, en 2018, al malograrse el acuerdo cuando Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en Senado, envió a los senadores populares un WhatsApp diciendo que con Manuel Marchena –el elegido para presidir el Poder Judicial—el PP iba a “controlar la sala segunda por detrás”.
Ahora, con esta marcha atrás de Casado se complica de nuevo la renovación de los órganos constitucionales. Sin embargo, ni siquiera desde la formación conservadora se cree que el líder popular vaya a mantener durante tres años el bloqueo. Veremos.
¿Por qué a un trabajador normal y corriente cuando se le acaba el contrato está al día siguiente en la calle, y a los jueces se les acaba el contrato y pueden tirarse años en el mismo puesto? Quizás si tuvieran que dejar el puesto al día siguiente los políticos no tendrían más remedio que llegar a acuerdos.