El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto a Alex Azar como secretario de Sanidad de su gobierno. Una decisión que parece inocente sino viniese respaldada por una intención verdaderamente perversa.
Conviene recordar que el papel del sector privado en la sanidad pública tiene el peligro de obtener excedentes adicionales aprovechándose de servicios inelásticos. Dicho de otra forma, beneficios suculentos a la luz de la prioridad de la salud de la gente.
Por eso la industria farmacéutica siempre ha estado mirando de reojo quién gestiona la sanidad pública y, como conglomerado poderoso que es, actúa como lobby en defensa de sus intereses que son, entre otros, la cuenta de resultados de sus empresas.
Por eso la decisión de Trump de nombrar un directivo de la industria farmacéutica como responsable de la sanidad norteamericana es una toma en consideración del camino que recorrerá una administración en la frontera de lo razonablemente ético.
En España tenemos la experiencia de Esperanza Aguirre cuyo gobierno fue capaz de inspirar las más profundas propuestas del Tea Party para tratar de privatizar la sanidad pública madrileña. Con casi la misma intensidad el Gobierno del Presidente Rajoy impulsó los copagos y avaló los recortes en el gasto de la sanidad pública en favor de la privada.
Pero Trump va mucho más lejos. Nombra a Alex Azar, directivo de la empresa farmacéutica Eli Lilly, como responsable de la sanidad federal. Trump, lejos de ser un demente, tiene las cosas muy claras.
Editorial “El modelo sanitario de Donald Trump”
