Si la propuesta de Torrent de proponer a Puigdemont como candidato a presidir la Generalitat sigue adelante, el Tribunal Constitucional tendrá que suspender la investidura por haberse conculcado los derechos del resto de los parlamentarios.
La razón por la que se producirá tal agravio no es otra que el hecho de que los letrados del legislativo catalán ya dejaron muy claro que Puigdemont no podía afrontar el debate de investidura de forma telemática. Ir en contra de lo dispuesto por los letrados resulta un atentado con precedente a los derechos democráticos de la Cámara.
¿Para qué entonces los letrados emitieron un informe al respecto si el propio Torrent amenaza con presentar a alguien cuya capacidad de estar presente de forma presencial es nula? Cabe la posibilidad que Torrent dé un paso atrás en esta prevaricación anunciada con premeditación.
No en vano Torrent ha señalado que es consciente de la situación personal y judicial de Carles Puigdemont. ¿Consciente para qué?, ¿para arriesgarse a violentar el Reglamento y la opinión de los letrados?, ¿o consciente para echarse atrás en el último momento si no consigue convencer a propios y extraños?
Sobre todo si no hay nadie a quien convencer. La investidura telemática no es posible según los letrados del Parlament. Una situación enrarecida porque, en términos generales, se trata de un parlamento en el que tres de sus diputados están en la cárcel y cinco permanecen fugados.
Continuará.
Editorial “La propuesta de Torrent”
