Uno de los peores males para el crecimiento y el desarrollo económico es la inestabilidad de las instituciones. Un marco normativo endeble o unas organizaciones públicas oscilantes llevan a la estructura económica a su evaporización.
La organización territorial de un país sustenta en sus instituciones las relaciones entre administraciones, así como entre estas y sus administrados. Cuando la casa donde habitamos se derrumba, da igual el valor añadido que puedan aportar sus inquilinos.
Así lo atestiguan multitud de análisis y tratados sobre desarrollo económico, estudios que depositan en la estabilidad institucional la garantía, la condición sine qua non, que debe tener una nación para aumentar el bienestar de sus ciudadanos.
El conflicto territorial que vive nuestro país, absurdo e impertinente, anclado en viejas disputas burguesas del siglo XIX, una especie de revolución de los ricos, ha logrado desestabilizar las instituciones y reducir la confianza de inversores y consumidores.
Unos porque no se atreven a invertir, sólo a desinvertir o a deslocalizarse de un territorio antes próspero. Y los consumidores cuyas expectativas, de empleo y de renta, se ven profundamente mermadas.
Por eso el Banco de España dice lo que dice. Por eso sólo un gobierno fuerte puede fortalecer las instituciones, recobrar la democracia y velar por el desarrollo.
Editorial “Crecimiento y territorio”
